Asaltar pisos es mejor que ser una persona honrada

Miquel Iceta quiere pescar votos en tantos caladeros distintos que al final se puede quedar con las redes vacías. Con tal de intentar hacerse con los sufragios de la izquierda independentista, incluso está dispuesto a acercarse a los postulados de la CUP y premiar a los okupas en detrimento de los ciudadanos que cumplen escrupulosamente con la ley. Si quiere combatir el grave problema que existe en Cataluña con las okupaciones —propiciado en gran parte por las prebendas concedidas a estos colectivos por los antisistema y Colau— lo último que debería hacer es dar privilegios para acceder a la vivienda a unos individuos que hacen de la ilegalidad su modus operandi. Un agravio comparativo para todas aquellas personas que cumplen a rajatabla con lo establecido y que esperan pacientemente en una lista para tener opciones de acceder a un inmueble social. Por desgracia, no es la primera vez que Iceta se equivoca gravemente en esta campaña electoral. 

Hace sólo una semana, propuso eliminar las multas por ofender los sentimientos religiosos, recogidas en el artículo 525.1 del Código Penal. Un nuevo intento de ganar los votos más radicales y cuyas consecuencias, de consumarse, incidirían en una sociedad mucho más incívica donde, en vez de hacer norma del respeto, se instauraría la ley de la selva. El PSC en general, e Iceta en particular, deberían reconsiderar este tipo de vacilaciones, ya que les restan solidez y credibilidad. Tienen la posibilidad de volver a ser decisivos electoralmente y, lo que es más importante, impulsar desde Cataluña la imagen de los socialistas y del propio Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones generales. Todas las encuestas otorgan al PSC una subida espectacular de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Tanto que rivalizaría con Ciudadanos por ser la primera fuerza constitucionalista, la segunda más votada tras ERC. 

Podría ser una situación ideal para tener sentido de Estado e ir trazando una gran alianza con la formación de Inés Arrimadas y con el Partido Popular para asegurar que el Estado de Derecho y el respeto a la Carta Magna se asientan de una vez en Cataluña tras el golpe de Estado independentista. No obstante, y a no ser que rectifique, Iceta no parece por la labor y vuelve a caer en el pecado capital de tantos políticos que prefieren sus intereses personales a los intereses generales de todos los españoles. El próximo 21-D no sólo está en juego la viabilidad económica y social de Cataluña, sino también la de toda España. De ahí que el PSC deba comportarse como la delegación de un gran partido nacional y no como una formación regionalista que trata de agradar a todos y que, por eso mismo, puede quedarse sin nada. Por mucho que Iceta haya dicho que no piensa apoyar a «un candidato independentista» tiene que demostrarlo también alejándose de sus postulados.