La Abogacía del Estado, un respeto

Tras el informe emitido por la Abogacía del Estado en relación a la inmunidad del Sr. Junqueras, llevamos varias horas en las que el foco del debate público se centra sobre el prestigioso servicio jurídico del Estado y su papel en el procedimiento.

En mi humilde opinión, y aun disintiendo de la línea editorial del periódico en el día de hoy, creo que se están exagerando las opiniones sobre la responsabilidad de la Abogacía del Estado. Comprendo que, conocido el informe exprés de la Fiscalía (que ha tenido la habilidad de evitar las presiones informando en tiempo récord) lo fácil es lanzarse sobre la institución y hacerla responsable de un informe que luego el Tribunal no tiene por que atender (y con razón la parte más coherente de ERC prefiere esperar a la resolución judicial). Pero la forma en que se está enfocando el tema me parece innecesariamente lesiva para el prestigio de la institución.

Hay que tener en cuenta que la Abogacía del Estado desempeña su función día a día, con el trabajo de cientos de funcionarios ejemplares, gracias a los cuales los intereses generales están muy bien defendidos. Además de la defensa en juicio, día a día la Abogacía elabora cientos de informes para asegurar la legalidad de las actuaciones de la Administración. Unos informes en los que con gran frecuencia les dice a los políticos lo que no pueden hacer.

En relación al juicio del procés, hay que tener en cuenta además que la denostada postura de la Abogacía del Estado fue, de las cuatro en liza (acusación popular, fiscalía, defensa y acusación particular) la que ganó el juicio. Una victoria que, pese a no ser tan contundente como pretendían la Fiscalía y la acusación popular, ha generado un rechazo importante en Cataluña y ha permitido aplicar la ley frente al golpe perpetrado. Bien es cierto que la posición de la Abogacía fue polémica y dio lugar a dimisiones,….pero quien decidió con mayor o menor acierto al final fue el Juez.

En el caso concreto que nos ocupa estos días, se está cometiendo el grave error de usar el informe de la Abogacía como moneda de cambio en la negociación política. Como si el informe fuese a condicionar la decisión judicial más que la posición de la Fiscalía. Como si no hubiese habido una Sentencia europea que ha sido la que ha otorgado al Sr. Junqueras la situación de inmunidad. Además, se podría haber cometido una infracción grave con la filtración. Pero ambas cosas son culpa del Gobierno, no de la Abogacía del Estado. ERC será torpe si se conforma con un gesto así sin esperar a la resolución.

Colocar a la institución en el ojo del huracán resulta profundamente injusto. Primero porque se está desprestigiando a una institución que a diario se dedica a decirles a los políticos lo que no pueden hacer. Y segundo, porque la Abogacía no decide. Deciden los Jueces. Las hipotéticas presiones del poder son reprobables, pero el fardo cargado por la oposición sobre los Abogados del Estado también lo son. El Derecho no debe estar al servicio de las posiciones del debate público. Construir el discurso sobre las interpretaciones opinables de la ley resulta lamentable, el reverso tenebroso de la judicialización de la política.

Parte de la degeneración del régimen consiste en la erosión permanente del prestigio de nuestras más nobles instituciones. Dicha erosión suele proceder más de los políticos que de los profesionales y funcionarios. Pedirles actitudes heroicas (y las hay permanentemente) culpándoles de los daños es injusto y desproporcionado. Más bien habría que pedir a los políticos que dejen de pretender someter todo a los intereses de partido, pero no hacer caer culpas sobre los funcionarios que están en una situación muy delicada.