La Abogacía del Estado, otra institución triturada por Sánchez

Quienes defiende que la Abogacía del Estado ha sido coherente con su pronunciamiento inicial sobre la situación procesal del preso por sedición Oriol Junqueras, mienten. Y lo hacen a conciencia. Es cierto que la Abogacía se mostró partidaria en julio de que Oriol Junqueras pudiera recoger su acta de eurodiputado, pero también lo es que en octubre señaló que la inmunidad «no tendría incidencia». Textualmente, la Abogacía estimó que «en el caso de que el señor Junqueras Vies gozara de inmunidad conforme al artículo 9, párrafo primero, letra A del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión, tal inmunidad no tendría ninguna incidencia».

En su escrito, filtrado a ERC, la Abogacía va ahora mucho más lejos y se muestra partidaria no solo de que pueda recoger su acta de diputado, sino que, además, pueda ejercer las funciones de parlamentario europeo hasta que se levante su inmunidad. Ello supone un cambio fundamental, porque significa que la inmunidad sí tendría incidencia. Ese cambio de la Abogacía, producido a instancias del Gobierno, es el que ha servido para que ERC haga posible la investidura de Pedro Sánchez y el que ha causado un enorme malestar interno en la institución. Podría decirse que la Abogacía es la última institución triturada por el socialismo. OKDIARIO ha podido saber que se ha abierto un cisma de proporciones gigantescas, con dimisiones incluidas. Otro logro de Pedro Sánchez, cuya capacidad para degradar todos los pilares del Estado de Derecho no tiene precedentes.

Ha sido Sánchez el que ha forzado a la Abogacía a cambiar de criterio para ganarse el apoyo de los golpistas catalanes. Ha sido Sánchez el que ha entregado la Abogacía del Estado a quienes quieren acabar con el Estado. Y ha sido la Abogacía, en la figura de su máxima responsable, Consuelo Castro, la que ha manchado de oprobio una institución antaño venerable y hoy fracturada por las ansias de poder de un jefe del Ejecutivo en funciones capaz de demoler todos los muros de contención del Estado de Derecho.