¿Y si la naturaleza tuviera derechos? Nuevos avances en la protección legal de animales y ecosistemas

El pasado año, la localidad de Satipo, en la Amazonía peruana, aprobó por unanimidad una ordenanza sin parangón en la historia de la protección ambiental. La normativa declaraba formalmente a las abejas amazónicas sin aguijón, así como a su hábitat, como sujetos de derechos, como el derecho a existir o a vivir en un medioambiente sano.

Con aproximadamente 80 millones de años de existencia, se trata de la abeja más antigua del planeta, de la que además depende la polinización del 80% de la flora del Amazonas, incluyendo cultivos clave como el café, el cacao, el aguacate y el arándano. Un destacable currículum a la altura del primer insecto que ha sido convertido en sujeto jurídico.

La decisión de Satipo también refleja el auge de un movimiento internacional que sostiene que la naturaleza es mucho más que un mero recurso económico a merced de la explotación humana y que tanto los animales como los ecosistemas pueden tener derechos exigibles ante los tribunales a través de representantes legales.

Tortugas marinas

Panamá aporta otro ejemplo reciente de esta tendencia global con la aprobación en 2023 de una ley que reconoce los derechos inherentes de las tortugas marinas y sus hábitats, como el derecho a vivir y transitar libremente en un ambiente sano, libre de contaminación y de otros impactos provocados por los seres humanos que causen daños físicos.

Como explica el Earth Law Center, organización dedicada a la defensa legal del medioambiente que contribuyó a la elaboración de la normativa panameña, «la ley exige a la industria pesquera que implemente medidas para evitar capturas incidentales, regula las actividades turísticas en los hábitats de las tortugas marinas y crea un comité nacional para su conservación».

«Este comité tiene la responsabilidad de identificar y recomendar áreas protegidas, garantizar que las actividades de desarrollo no afecten a sus poblaciones y elaborar un plan de acción cada cinco años, entre otras funciones», añade el Earth Law Center.

Ballenas

También se están dando pasos para convertir a los grandes cetáceos en sujetos de derechos. En 2024, los líderes indígenas de Aotearoa (Nueva Zelanda), las Islas Cook, Tahití, Tonga, Hawai y Rapanui (Isla de Pascua) firmaron una declaración histórica: He Whakaputanga Moana (Declaración por el Océano).

El texto reconoce que las ballenas son personas jurídicas con derechos inherentes, como el derecho a la libertad de movimiento, a un medioambiente sano y a prosperar junto a la humanidad.

Aunque realmente se trata de una declaración simbólica y no de un acuerdo internacional vinculante, el tratado permitirá a los maoríes y otros grupos indígenas iniciar conversaciones con los gobiernos implicados a fin de desarrollar un marco jurídico que mejore la protección de las ballenas.

Ríos con derechos

Antes de que animales como las abejas sin aguijón o las tortugas marinas comenzaran a ser reconocidos como sujetos jurídicos, el movimiento por los derechos de la naturaleza ya había logrado sus primeras victorias. Los protagonistas no fueron especies de fauna o flora, sino los ríos.

Uno de los hitos más importantes llegó en 2016, cuando la Corte Constitucional de Colombia declaró al río Atrato sujeto de derechos. Desde entonces, el país ha ampliado esta doctrina y ya son 16 los ecosistemas (ríos, páramos y parques naturales) protegidos por decisiones judiciales.

Un año después, el río Yarra, en el estado australiano de Victoria, fue reconocido legalmente como una entidad jurídica viva y la ley otorgó al pueblo aborigen Wurundjeri su derecho a participar en la gestión del río.

Mar Menor

Aunque América Latina y Oceanía concentran buena parte de los avances en derechos de la naturaleza, el movimiento también ha llegado a Europa, donde España se ha erigido en uno de sus principales referentes.

De hecho, el Mar Menor se convirtió en el año 2022, con la aprobación de la Ley 19/2022, que le otorga personalidad jurídica, en el primer ecosistema europeo que recibe dicho estatus legal, que implica que puede ser representado legalmente para defender sus derechos ante los tribunales.

Un logro que además fue posible gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiguió reunir más de 630.000 firmas, que fueron recogidas en menos de nueve meses y en plena pandemia del coronavirus.

Primer juicio

Cuatro años después de este hito, están comenzando a verse los cambios que trae consigo la aprobación de la Ley 19/2022. El pasado mes de mayo, iba a comenzar el primer juicio en el que el Mar Menor ejercería su personalidad jurídica ante el tribunal de una de las piezas que conforman la macrocausa del Caso Topillo.

La Fiscalía solicita siete años de prisión y una indemnización de más de 506.000 euros por un presunto delito contra el medioambiente para el acusado, responsable de dos empresas agrícolas del Campo de Cartagena que utilizaban maquinaria de desalobración que carecían de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Vertidos

Según la investigación, realizada por el Seprona de la Guardia Civil y agentes medioambientales, hasta 162.345 metros cúbicos de vertidos procedentes de estas desaladoras clandestinas terminaron contaminando la laguna con su flujo de salmuera y nitratos.

De momento, el juicio por estos hechos ha quedado aplazado ante la imposibilidad de que comparezca uno de los peritos clave. Sin embargo, las organizaciones ambientales y los representantes jurídicos consideran que este proceso marca un momento «histórico».

Y es que, por primera vez, un ecosistema ejerce ante los tribunales los derechos que le reconoce la ley en nuestro país, marcando un camino que difícilmente tendrá vuelta atrás.