10.500 millones en peligro en Galicia por la inseguridad jurídica para el desarrollo de la eólica

La Asociación Empresarial Eólica advierte que en la actualidad están judicializados 60 proyectos eólicos y 3.000 MW de potencia 

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha alertado que el desarrollo de la energía eólica en Galicia está en peligro debido a que la comunidad «vive inmersa en una coyuntura de incertidumbre e indefensión».

El motivo de esta advertencia es la «la judicialización masiva de proyectos que cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) y el correspondiente permiso de construcción».

Desde un contundente comunicado, se muestra la preocupación de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de anunciar la paralización de 13 nuevos proyectos de energía eólica basándose en la «prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental».

Impacto económico

Esta paralización de proyectos supone, según la AEE, que 10.500 millones de euros de inversión «están en riesgo de perderse», lo que representa que 60 proyectos eólicos y 3.000 MW de potencia están judicializados.

La asociación expone que «tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente, según advierte la Asociación Empresarial Eólica (AEE)».

El problema que visibiliza la AEE es que el tribunal gallego «se basa ahora en el mapa de zonificación ambiental, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como referencia al hipotético daño ambiental de los proyectos».

 

Herramienta de apoyo

La utilización de este mapa es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, porque la zonificación que propone no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas.

«Es una herramienta de aviso de la dificultad, no de prohibición ni de habilitación de espacios. Igual que no puede prohibir, tampoco garantiza que un proyecto que se desarrolla en una zona favorable en el mapa vaya a obtener una autorización ambiental positiva», reseña la asociación que representa al sector.

Para la AEE «el trámite realmente riguroso y vinculante que termina aprobando o no un proyecto, en el que los técnicos competentes de las Administraciones Públicas analizan todos los impactos ambientales de los proyectos».

Según la AEE, la situación actual contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones

Perjuicio en el resto de España

Este proceso termina aprobando o denegando la autorización ambiental de los mismos, e imponiendo medidas preventivas, compensatorias o mitigadoras, si proceden, con la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Con estas paralizaciones se vuelven a poner en cuestión la interpretación y aplicación que se ha venido realizando desde hace más de diez años de la ley 21/2013 de evaluación ambiental, ya que cuestiona la autoridad, el juicio técnico y la competencia de los expertos del órgano ambiental de la Administración para otorgar la autorización a los proyectos.

Los representantes de las empresas de la eólica no sólo cuestionan esta interpretación con relación a los parques eólicos, también podría invocarse el mismo principio para cualquier tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura, ya no sólo en Galicia, sino e España e incluso en toda Europa.

Pérdida de confianza

La AEE muestra su preocupación por la «reiterada situación actual contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones de cualquier proyecto renovable en Galicia».

Estas situaciones significan que no existen garantías jurídicas para, una vez superados con éxito todos los trámites pertinentes regulados en la normativa en vigor, poder afirmar que podrán desarrollar las instalaciones sin verse paralizados en el proceso, con los consiguientes perjuicios económicos y patrimoniales.

El sector pone de manifiesto que Galicia necesitará 8 TWh adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico.

Inversión y empleo

Además, estos desarrollos supondrían unos 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos, según datos del estudio de impacto que se hizo público el pasado otoño.

El riesgo de esta pérdida de seguridad puede «seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático» aseguran desde la AEE.

En concreto, hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización, unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años.

Impacto en la economía gallega

La situación actual de la eólica en Galicia perjudica claramente a la sociedad gallega frente a minorías que no se identifican como corresponsables en proyectos sociales y económicos de futuro para su propia tierra.

La asociación sigue advirtiendo de las consecuencias de esta paralización de estos proyectos porque «tendrá un impacto directo en la sociedad y economía gallegas, pudiendo afectar a varias generaciones durante años, privando a las comunidades rurales de oportunidades de progreso local gracias a los ingresos de los parques eólicos».

Otros de los impactos valorados por el sector es que se privará a la industria de energía competitiva, limpia y asegurada durante mucho tiempo y forzando a una emigración industrial hacia otros territorios, además de otros efectos colaterales.

Entre otras consecuencias que se desgranan en el comunicado están la privación a la cadena de valor de proximidad (bienes de equipo, proveedores locales de servicios, constructores de obra civil, etcétera) de los encargos que vendrían de los parques en construcción, montaje y operación posterior y el dejar de dar una oportunidad de actividad a los sectores indirectos, como la hostelería y la restauración, los servicios, etc., de los ingresos que generaría la actividad de los parques a lo largo de su ciclo de vida.