Vox lleva al Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada ante la justicia para anular la zona de bajas emisiones

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO. ignacio.atanes@okdiario.com
• • 19/03/2025 11:47
  • Actualizado: 19/03/2025 11:50

Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la ordenanza municipal impulsada por el Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada que impone la Zona de Bajas Emisiones en este municipio de la Comunidad de Madrid. El partido conservador denuncia que esta medida «restringe la movilidad de los vecinos» de manera injustificada, incidiendo en una «carga económica desproporcionada para familias, autónomos y pequeños negocios».

Desde Vox Fuenlabrada reiteran su compromiso «con una política medioambiental eficaz y equilibrada» y buscan «soluciones que protejan el entorno sin imponer cargas innecesarias a los ciudadanos». El recurso presentado ante la Justicia por parte de la formación verde trata de denunciar que «los datos sobre calidad del aire en Fuenlabrada no justifican restricciones tan severas, ya que no existen niveles de contaminación alarmantes que requieran medidas de este alcance».

Por otra parte, consideran que la ordenanza impulsada por el Ayuntamiento que dirige el socialista Francisco Javier Ayala no cuenta con un «análisis económico adecuado», ignorando el impacto negativo que tendrá sobre sectores clave como el comercio local, la hostelería y el transporte.

Vox contra el «peaje» de las ZBE

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Beatriz López-Roberts, ha asegurado que desde la formación no van a «permitir que el Ayuntamiento imponga restricciones injustificadas que penalicen a trabajadores, comerciantes y familias de Fuenlabrada». Sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ha añadido que se trata de «un peaje encubierto que limita la movilidad y supone un nuevo coste para los ciudadanos».

La delegación de Vox en Fuenlabrada ha dado un paso más que otros partidos que también protestan por las ZBE del municipio pero se han limitado a recoger firmas. El partido conservador ha llevado la ordenanza a los tribunales, «con el objetivo de defender los derechos de los vecinos frente a lo que considera una imposición arbitraria y perjudicial para la ciudad».