Podemos estrena su sede de 2 millones de euros y 2.180 m² cuyas obras adjudicó irregularmente
Podemos estrena nuevo cuartel general: su nueva sede recién reformada en la calle Francisco Villaespesa, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. Tal como desveló OKDIARIO, el partido adjudicó las obras de adecuación de este edificio de 2.180 metros cuadrados de forma irregular.
Este viernes Pablo Iglesias e Irene Montero presidieron la primera reunión de la Ejecutiva de Podemos en estas nuevas instalaciones. Tras seis años constituidos como partido han dejado atrás el pequeño local en el barrio de Lavapiés y las modestas oficinas en la calle Princesa para estrenar como sede la antigua central de una cadena hotelera.
Como publicó OKDIARIO, esta operación inmobiliaria arrastra varias polémicas. En primer lugar, Podemos publicó disimuladamente en su web un anuncio para adjudicar las obras que tenía como fecha límite el 30 de mayo, día en que OKDIARIO pudo constatar que las obras ya habían comenzado sin que el proceso de licitación estuviera cerrado.
Según el artículo 321 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos de las entidades del sector público como son los partidos políticos, deben aprobar unas instrucciones «en las que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145».
Además, «estas instrucciones se pondrán a disposición de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de los contratos regulados por ellas y se publicarán en el perfil de contratante de la entidad». El partido político, por tanto, debe regirse por unas normas propias que tienen que estar disponibles para los candidatos que deseen aspirar a realizar la obra. Algo que no se respetó.
Podemos incumplió así su propia normativa sobre contratos, además de no llevar a la práctica la transparencia de la que hacen gala. Según su reglamento, los contratos se adjudicarán «a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con los siguientes requisitos y criterios de adjudicación del contrato, según los requisitos establecidos en los pliegos de licitación o en el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato». Este periódico comprobó in situ que las obras habían empezado antes de acabar el plazo de recepción de presupuestos. Por lo tanto, Podemos no dio la oportunidad de presentarse a otras empresas.
El doble de lo anunciado
Otra presunta irregularidad es que al sumar el coste de los seis contratos que a la postre se cursaron, se dobló el coste inicialmente anunciado. Finalmente desembolsaron 1.361.055 euros tras anunciar al principio una licitación de 649.936 euros para un «acondicionamiento general» del edificio.
Sin licencia
A esto se suma que Podemos tuvo que maniobrar en el Ayuntamiento de Madrid para que el entonces Gobierno de Manuela Carmena les diera el visto bueno para tener licencia de funcionamiento. El inmueble tenía un uso industrial y no tenía licencia para albergar oficinas. Sin embargo, tras meses de papeleos, lograron el visto bueno municipal en este punto. No ocurrió lo mismo con el sistema de aire acondicionado que el Consistorio ilegalizó.
Además, los antiguos propietarios del edificio levantaron una segunda planta en el techo del bloque. Según dictaminó el Ayuntamiento fue una infracción urbanística en toda regla. No obstante, al haber pasado al menos cuatro años de su ejecución ya había prescrito.
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