La Guardia Civil revela que el PSOE de San Martín dio ilegalmente 1,6 millones en contratos a familiares

La Guardia Civil ha concluido las investigaciones de la Operación Pantano, el mayor caso de presunta corrupción en el PSOE de Madrid, y ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero su informe final de conclusiones, en el que se acreditan indicios suficientes de que la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias, María Luz Lastras Parras, y su equipo de gobierno ordenaro el pago de 1.628.897,21 euros en contratos «irregulares», adjudicados de forma sistemática a personas físicas y jurídicas vinculadas al entorno del Gobierno municipal del PSOE entre 2014 y 2019.

El documento, que revela en exclusiva OKDIARIO, está elaborado por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El informe, de 9 páginas, concluye que los investigados habrían prescindido de forma reiterada de los principios básicos de la contratación pública, «obviando supuestamente los principios fundamentales o inspiradores de los sistemas de atribución de dinero público mediante la contratación pública, vulnerando los principios de igualdad de oportunidades, libre concurrencia, mérito, capacidad, legalidad y control normativo».

El mayor incremento de transferencias irregulares, según los investigadores, se concentró entre 2017 y principios de 2019, el final del mandato de la socialista Lastras Parras.

Los agentes han detectado que los mecanismos de control interno del Ayuntamiento fueron sistemáticamente desactivados. La Guardia Civil señala que los responsables municipales hicieron «caso omiso» a los dictámenes de la Intervención Municipal y los «levantaban mediante Decretos de Alcaldía», un mecanismo que les permitía anular los reparos de la funcionaria sin necesidad de justificación alguna.

Entre los delitos investigados figuran prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude contra la administración y falsedad documental.

Los agentes han comprobado que «algunos de los investigados han obrado con conocimiento de causa», habiendo utilizado «documentos supuestamente falsos, alterados o que no se ajustaban a la realidad» y certificado «trabajos técnicos no efectuados» con afectación directa sobre la seguridad de las personas.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada el 1 de marzo de 2019 por Mercedes Zarzalejo, entonces portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y actual consejera de Educación del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, dirigida a la Fiscalía Anticorrupción. Ahora lleva el caso el letrado penalista Juango Ospina de Ospina Abogados.

La denuncia contra la ex alcaldesa del PSOE y su equipo fue derivada sucesivamente a la Fiscalía Provincial de Madrid y posteriormente a la Fiscalía del Área de Móstoles, que el 27 de mayo de 2019 ordenó incoar Diligencias de Investigación.

El castillo de la polémica

Uno de los focos más llamativos de la investigación ha sido la Fundación Castillo de la Coracera, un patrimonio histórico adquirido por el Ayuntamiento «mediante un sistema de permutas de dudosa legalidad y validez».

Según los investigadores, esta fundación semipública ha servido de «pantalla en contrataciones del Ayuntamiento» y para «financiar, contratar y subvencionar elementos que han servido en gran parte para presuntamente lucrar a terceras personas afines o relacionadas con el Ayuntamiento».

Los agentes han constatado que el castillo, bien dotacional de la fundación, se ha utilizado para fiestas, eventos familiares, musicales, bodas y banquetes «que se alejan de los fines culturales perseguidos por la fundación».

Además, los ingresos generados por estos eventos se abonaban frecuentemente en efectivo, sin registro formal, lo que impedía el cumplimiento del 70% de reinversión obligatoria exigido por la normativa de fundaciones.

Trama de autorizaciones

Otro capítulo singular de la investigación atañe al ingeniero municipal Manuel Sanz Zapata y su empresa ZM Ingenieros SLP. La Guardia Civil concluye que, «revestidos de un poder público», habrían «monopolizado el control sobre las autorizaciones administrativas de apertura y modificación de locales de negocios en San Martín de Valdeiglesias», convirtiendo este trámite en «un auténtico negocio» mediante «intimidación velada» para coaccionar a los propietarios de locales a contratar sus servicios, «solicitando los pagos en efectivo y con un claro ánimo de lucro».

La fase de explotación policial se inició el 15 de diciembre de 2021 con entradas y registros en el Ayuntamiento, el departamento municipal de subvenciones y las sedes de varias mercantiles, entre ellas ZM Ingenieros SLP, Proentis y Construcción y Rehabilitación Eficiente.

En una segunda fase se procedió a la detención de cinco personas adicionales. Las últimas diligencias han consistido en el desprecinto y clonado de evidencias informáticas, tras cuyo análisis la UOPJ ha concluido que «no se encuentran nuevas evidencias o indicios más allá de los que ya se tenían en cuenta».

El informe que acorrala al PSOE madrileño subraya que sí han resultado «beneficiadas las personas físicas o jurídicas a las que se les ha adjudicado los contratos menores». La Guardia Civil advierte expresamente de que todas sus conclusiones «deben entenderse en términos de presunción», correspondiendo ahora al juzgado determinar si existen méritos para sentar a los investigados en el banquillo.

La Operación Pantano, latente durante casi siete años en los tribunales madrileños, llega ahora a su momento clave para el PSOE de Madrid: aquel en el que los indicios deben convertirse en pruebas. La historia de un castillo medieval, unos decretos de alcaldía y varios sobres en efectivo aguarda su veredicto.