Ayuso recusa a Pumpido y dos magistrados del Constitucional en su recurso contra la Amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que solicitará la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y de otros dos magistrados, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa Laura Díez en su recurso contra la Ley de Amnistía ante la Corte de Garantías.

«Ya avanzamos que en el PP y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia», ha indicado la líder del PP de Madrid.

La decisión de pedir la recusación del presidente del TC así como los dos otros magistrados, se debe a la «pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía», ha asegurado Ayuso. «Les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley», ha añadido la presidenta madrileña.

«Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España. En este proceso, todo aquello que le da sentido a España como Nación: el Senado, la Monarquía, la Constitución y las regiones, y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo», ha subrayado Ayuso en un desayuno de Nueva Economía Fórum.

Además, la dirigente popular ha criticado que la medida de gracia fue «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional». Algo que ha tildado como «otro paso más» en lo que la presidenta madrileña considera una «operación de destrucción del Estado de derecho para seguir en el poder por la mínima».

Por otro lado, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su falta de autocrítica y la dificultad para asumir los juicios de la oposición: «El Gobierno no admite crítica ni respeta a la pluralidad ni a la verdad misma». «¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional?», se ha cuestionado la líder del PP de Madrid.

A ojos de la dirigente popular, en la tramitación de la ley «se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados». «Esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la
Constitución Española… esto ni en las dictaduras», ha reflexionado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Avalado por los servicios jurídicos

El anuncio de este lunes es el paso final de un proceso que el Ejecutivo autonómico inició el pasado mes de junio tras solicitar un informe ante la Abogacía General de la Comunidad. Esta solicitud se produjo justo después de que la medida de gracia se aprobase en el Congreso.

Los servicios jurídicos autonómicos emitieron un dictamen favorable para la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional. Tal y como informa en una nota de prensa el Ejecutivo madrileño, la Comunidad «considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución».

Además, desde el Ejecutivo autonómico señalan que se trata de una «ruptura con la separación de poderes». Y es que justifican que «el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Por último, inciden en que se aprobó la norma «sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso».