Madrid
COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso llega a un preacuerdo para subir el sueldo hasta 170 € al mes a los funcionarios de Justicia

Más de 7.200 empleados públicos verán incrementados sus salarios

El Ejecutivo va a destinar más de 20 millones de euros a esta medida hasta 2027

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos para subir el sueldo progresivamente a los funcionarios de la Administración de Justicia hasta 170 euros al mes.

Según ha informado la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, capitaneada por el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, un total de 7.224 funcionarios de Justicia en Madrid se beneficiarán de este aumento de entre 160 y 170 euros mensuales en el complemento autonómico de sus nóminas.

La subida se realizará progresivamente hasta el 2026. Así, este 2024 los trabajadores percibirán un 50% de este incremento, un 75% al año siguiente y un 100% en 2026, lo que supondrá un desembolso por parte de las arcas públicas madrileñas de 14,4 millones de euros.

Tras unas negociaciones que se han alargado desde finales de 2021, este martes el Gobierno autonómico y la totalidad de la mesa sectorial, es decir, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y DJUSTICIA, firmaban un preacuerdo que el portavoz de Ayuso ha celebrado.

García ha destacado que «el Ejecutivo autonómico está completamente comprometido con seguir mejorando los medios al servicio de la Administración de Justicia». En concreto, ha señalado, «las infraestructuras, la digitalización y también, como no, las condiciones laborales de todo el personal al servicio de la Justicia».

El preacuerdo firmado estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y engloba, además de las ya mentadas subidas salariales, incrementos en las plantillas, así como la recuperación de la acción social. Todo ello representa una inversión que supera los 20 millones de euros. A partir de ahora, apuntan desde la Puerta del Sol, comienza una tramitación administrativa que finalizará con su elevación al Consejo de Gobierno en las próximas semanas para la aprobación definitiva.

Asimismo, el Gobierno de Ayuso y los sindicatos han establecido destinar 1.500.000 euros para acciones sociales hasta 2026 que se negociarán en cada ejercicio de aquí a que termine la presente legislatura.

La Justicia en Madrid

La Administración de Justicia consiste en la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y es competencia del Poder Judicial. Está integrada por un conjunto de personas e instituciones cuya misión es garantizar que el ciudadano vea satisfecho su derecho fundamental de obtener tutela judicial efectiva.

La Constitución Española considera competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia. No obstante, las Comunidades Autónomas transferidas asumen la gestión de competencias que sirven de soporte al Poder Judicial, proporcionándole los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento.

La Comunidad de Madrid asumió en el año 2003 estas competencias, mediante el Real Decreto 1429/2002, con el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado, en materia de provisión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, que fueron ampliados por el Real Decreto 1012/2013.

Por ejemplo, a la Comunidad de Madrid le compete, en relación con el personal al servicio de la Administración de Justicia, con carácter general, la aprobación final de las relaciones de puestos de trabajo, la convocatoria y resolución de pruebas selectivas, cuestiones relativas a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario y la aprobación de los Reglamentos de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional y de Régimen Disciplinario.

También regula la gestión directa del Cuerpo de Secretarios Judiciales, la del personal de órganos judiciales radicados en la Comunidad de Madrid con competencia en todo el territorio nacional y de aquellos órganos radicados en Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Administración de Justicia.