La UCO acusa al alcalde socialista de Gines de forzar una licencia para un narco saltándose la ley

El alcalde de Gines, municipio del Aljarafe sevillano, Romualdo Garrido Sánchez, del Partido Socialista, presionó directamente a la empresa encargada de validar los proyectos de licencias medioambientales del ayuntamiento para que facilitase la aprobación del local Green House, cuyo propietario era investigado por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.

Así lo acredita el nuevo atestado de la UCO que desvela OKDIARIO integrado en las Diligencias Previas que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla Plaza 10. Los agentes documentan cómo el regidor convocó reuniones extraordinarias, telefoneó al administrador de la empresa inspectora y presionó en persona a la técnico responsable del expediente para que lo resolviese «de manera ágil».

La investigación tiene su origen en los pinchazos telefónicos autorizados judicialmente contra un grupo investigado por narcotráfico y blanqueo de capitales que explotaba el Green House en Gines.

En esas escuchas emergió el nombre de Rafael Pineda, entonces jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, quien habría actuado como intermediario ante el alcalde para facilitar los trámites del local.

Pineda fue detenido en febrero de 2026 junto a otras cuatro personas en el marco de una operación más amplia que incluye un presunto pelotazo urbanístico con una parcela pública en Pino Montano, Sevilla.

Licencia para un narco

El Green House acumulaba tres expedientes administrativos en el Ayuntamiento de Gines: de 2019, 2024 y otro de 2024. La empresa Asinger SL, contratada por el consistorio para emitir informes de calificación medioambiental, había emitido hasta tres informes desfavorables sobre el local antes de que el proyecto fuese finalmente aprobado.

El administrador solidario de Asinger, ha declarado ante la UCO que Garrido Sánchez «se puso en contacto con él en varias ocasiones para interesarse por los informes» y que el propio alcalde «le pidió que le echasen una mano al empresario para indicarle cómo tenían que realizar las modificaciones necesarias para que el proyecto se adecuase a la normativa vigente», a lo que el administrador accedió.

El punto culminante de esas presiones fue una reunión convocada en el ayuntamiento en junio de 2024, dedicada en exclusiva al expediente del Green House. A ella asistieron el alcalde, el empresario junto a un acompañante, una técnico de Asinger, otra técnico redactora del proyecto, y varios funcionarios municipales, entre ellos la entonces secretaria del ayuntamient,.

Varios de los presentes han coincidido en calificar este tipo de convocatoria como «totalmente inusual». La técnico de Asinger ha precisado que, de los alrededor de 60 expedientes que tramitó para el Ayuntamiento de Gines a lo largo de su actividad profesional, fue el único en el que el alcalde se personó para tratar un informe negativo.

En esa reunión, Garrido Sánchez interpeló directamente al testigo y, según su declaración policial, «le insistió mucho en que ese expediente tenía que resolverse cuanto antes y a ver qué se podía hacer para resolverlo de manera ágil». La técnico ha añadido que el alcalde «dirigió la reunión y era quien mostraba más interés en ella» y que «se enfadó bastante» cuando ella no pudo responder de inmediato sobre el estado de tramitación por no haber acudido con su ordenador de trabajo.

Fruto de esas presiones, Pérez Moreno comenzó a intercambiar correos electrónicos con la técnico que redactaba los proyectos del Green House, indicándole directamente los aspectos a modificar para que el expediente pudiese ser aprobado.

Ambas lo han reconocido en sus declaraciones. Pérez Moreno ha argumentado que esa práctica era «común» entre técnicos, pero ella misma ha admitido que, de todos los expedientes tramitados para Gines, ese es el único por el que el alcalde mostró interés personal.

La licencia fue finalmente concedida sin que se realizase una visita de inspección al local, pese a que durante la tramitación del expediente de 2019 se habían llevado a cabo tres inspecciones por parte de agentes de la Policía Local y el arquitecto municipal, que detectaron irregularidades y paralizaron el procedimiento. La UCO concluye que es «factible» que, debido a las presiones del alcalde, «el proyecto fuese diseñado artificialmente simplemente para cumplir con la normativa vigente», sin que las adecuaciones exigidas tuviesen reflejo real en el establecimiento.

El caso presenta un parecido perturbador con aquella vieja máxima según la cual en ciertos despachos municipales la ley es lo que dice el alcalde. En Gines, según la UCO, el regidor no solo indicó el camino sino que, en persona, se sentó a la mesa para asegurarse de que nadie se desviaba de él.