El testigo protegido que alargó el encarcelamiento de Zaplana fue investigado por blanqueo y soborno
El ‘yonqui del dinero’ afirmó ante la Audiencia que la detención de Zaplana fue «un montaje»
Marcos Benavent ante la juez: «Tras la documentación del sirio, a Zaplana le armaron un traje»
Las dos declaraciones de Benavent que llevaron a Zaplana a la cárcel
El testigo clave del caso Erial, el abogado uruguayo Fernando Belhot, cuyo testimonio y pacto con la Fiscalía Anticorrupción fue determinante para mantener a Eduardo Zaplana en prisión, ha participado en infinidad de operaciones internacionales de evasión de capitales, fraude fiscal e ingeniería financiera al servicio de tramas corruptas. Sin embargo, en el proceso contra el ex presidente de la Generalitat, Belhot aparece como un simple “gestor de patrimonios”, tras lograr de la Fiscalía Anticorrupción y de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 el privilegio de pasar de imputado a “testigo protegido”. A cambio, acusó a Zaplana de ser el propietario de una cuenta con más de siete millones de euros en Suiza.
OKDIARIO tiene en su poder la documentación que demuestra las investigaciones judiciales que afectan a Belhot en casos internacionales de corrupción económica y que desmonta el papel que le han adjudicado en la causa contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana.
La juez María Isabel Rodríguez Guerola, en su último auto judicial del caso Erial, convierte a todo un tiburón de las finanzas, conocido mundialmente como un experto en los movimientos de dinero opaco, en un “gestor de patrimonios”. Así lo refleja en su escrito: “Fondos que lo eran de las comisiones delictivas cuya procedencia y origen desconocían los nuevos gestores (Belhot y la sociedad Disfrey) dado que profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios”.
El abogado uruguayo ha sido investigado en otros procedimientos en el extranjero en casos que tuvieron una gran repercusión mediática como Odebrecht, Lava Jato, Operación Pernambuco, Lezo, Mossack y Fonseca y una causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Las andanzas financieras de Belhot son conocidas en Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Andorra y Panamá, entre otros países. Algunas de ellas se consumaban mientras el fiscal Anticorrupción llegaba a un pacto con él en Montevideo.
La trayectoria de Fernando Belhot, como destacan miembros de su círculo empresarial, abarca la gestión y construcción de estructuras mercantiles y financieras a escala internacional, para facilitar la opacidad de grandes movimientos de capitales a través de sociedades offshore. Es todo menos un simple asesor fiscal como lo presenta la juez del caso Erial.
Cuenta en Suiza
Según la titular del Juzgado de Instrucción número 8, Fernando Belhot desconocía la “procedencia y el origen” de los fondos de la cuenta de Suiza que se los adjudicó a Eduardo Zaplana, a pesar de que tras más de cinco años de pesquisas los investigadores se han visto impotentes para detectar una sola operación o transferencia que señale al ex presidente de la Generalitat como el propietario último del dinero. Sólo se han detectado movimientos de capitales para asuntos propios del supuesto testaferro uruguayo, como la compra de un pony para su hija o unos terrenos en la costa andaluza.
En el auto por el que se procesaba a Eduardo Zaplana dentro de la causa Erial por los delitos de organización criminal, blanqueo y cohecho, entre otros, la juez pasaba de puntillas sobre el tercer gran protagonista de las diligencias: el uruguayo Fernando Belhot. Su testimonio no sólo apuntilló al ex ministro del Gobierno de José María Aznar sino que retrasó su salida de la cárcel a pesar de su trasplante de médula.
El abogado de Zaplana ha peleado a lo largo de la causa -hasta en 10 ocasiones- para obtener una declaración presencial de Belhot o un careo con su defendido, pero la magistrada se ha opuesto de manera sistemática. Así mismo, el uruguayo está siendo investigado en otra causa en la Audiencia Nacional, que la juez se ha negado a incorporar -al menos parte de ella- al caso Erial, donde se demuestra que es toda una pieza en el circuito internacional de blanqueo de dinero.
Una fuente experta en movimientos de capitales y creación de sociedades offshore en paraísos fiscales señaló a OKDIARIO que conoce pocas investigaciones en las que los testaferros no dejen ningún rastro sobre el curso del dinero: “Ha ocurrido en Odebrecht o en investigaciones de venezolanos en Andorra. Siempre hay una pista que conduce a otra y se detecta al verdadero usufructuario del dinero o dónde ha ido a parar el dinero. En el caso de Zaplana eso no ha sucedido. Lo imputaron tan sólo por la acusación de un supuesto testaferro y pasó una larga temporada en la cárcel”.
Como ya sucedió con el empresario Marcos Benavent y el sirio Imad Al Naddaf Yaloud, Belhot forma parte de la Santísima Trinidad de los tres grandes misterios del sumario. Los hechos, al menos, provocan una cierta suspicacia: el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción, en 2017, consideraron a Belhot como uno más de los imputados en la causa secreta por un delito de blanqueo de dinero y así lo hicieron constar en los documentos judiciales. Se le intervinieron sus teléfonos desde marzo de 2018 y la UCO de la Guardia Civil solicitó su detención en Uruguay a efectos de extradición. Y las investigaciones sobre los movimientos de sus capitales y las comisiones rogatorias solicitadas a Uruguay y Suiza justificaron prorrogar el secreto de las actuaciones.
De imputado a testigo protegido
En octubre de 2018, ya con Zaplana en la cárcel a pesar de su tratamiento por cáncer de médula, el juzgado acordó la citación de Belhot como investigado como supuesto testaferro del ex presidente valenciano y autorizó la entrada y registro en sus oficinas de Montevideo. Sin embargo, tras un giro copernicano de la Fiscalía Anticorrupción, Belhot pasó de la categoría de imputado a la de testigo protegido, quedando fuera del procedimiento penal, aún siendo presentado en la causa como la persona que había ocultado el dinero de Zaplana en Suiza.
Daniel Campos, el abogado de Zaplana, que en su día fue también fiscal en Anticorrupción, cuestionó la legalidad de la nueva categoría procesal del uruguayo. En uno de sus escritos afirmaba: “Se trata de la concesión de un beneficio punitivo consistente en garantizar la completa inmunidad de una persona que, supuestamente, ha participado en los hechos delictivos”.
Ni que decir tiene que Belhot en su única declaración desvió toda la carga de la prueba hacia Eduardo Zaplana, al margen de que durante la investigación se pudo demostrar que los movimientos de la cuenta de Suiza, donde se habrían depositado 7,5 millones de euros, habían sido realizados por Belhot y su esposa.
En torno a este uruguayo especialista en ingeniería financiera siguen existiendo muchos puntos oscuros en el sumario. Fernando Belhot se personó en la causa cuando se enteró de que su cuenta en el banco suizo había sido bloqueada por el juzgado. En su escrito señalaba que esa medida cautelar limitaba su derecho de defensa “al carecer de los fondos necesarios para asumir el coste de su defensa en el procedimiento”. Después esos mismos fondos los puso a disposición del juzgado alegando que pertenecían a Eduardo Zaplana y no a él.
Seguidamente, el juzgado acordó tomarle declaración en España como investigado, pero solicitó que se realizara por videoconferencia desde Montevideo por una supuesta enfermedad -proceso infeccioso respiratorio con tratamiento antibiótico-. La juez se opuso y le contestó que era ineludible su presencia en España.
Tras un viaje a Montevideo del fiscal Ponce, donde le propuso un pacto con la Fiscalía, Fernando Belhot insistió en la videoconferencia desde Uruguay, según él, “para evitar cualquier tipo de presión o intento de influencia por parte de las personas involucradas en los hechos”. Manifestaba esos recelos mientras se paseaba por otros lugares del mundo. Su escrito estaba fechado el 14 de diciembre de 2018, cuando el resto de imputados llevaban más de 8 meses en la cárcel. Finalmente, la declaración de Belhot como testigo se produjo por videoconferencia el 25 de enero de 2019, con el compromiso de la Fiscalía de que no se vería obligado a declarar en la causa hasta el juicio oral. La Sección V de la Audiencia Provincial, que ha avalado todas estas circunstancias, tiene la oportunidad de reconducir el proceso el próximo lunes cuando se pronuncie sobre el último recurso de Zaplana,
En el viaje secreto del fiscal a Montevideo, Belhot afirmó que el dinero pertenecía a Zaplana, pero no aportó ninguna prueba documental para sostener su acusación, ni un mero correo electrónico o un mensaje por WhatsApp del político. La juez se conformó con su declaración y el uruguayo pasó a la apacible situación de “testigo protegido”. Durante su declaración el fiscal le preguntó: “¿Una cosa, en estos acuerdos no aparece el nombre real del cliente?”. Y el abogado de Montevideo le respondió: «Efectivamente, es una figura por la cual básicamente se actúa por otra persona actuando en nombre y representación pero, en muchos casos o en algunos casos, se hace en forma de un contrato o un negocio verbal a los efectos de mantener la plena confidencialidad”.
A partir de ahí, pasó a ser legalmente un supuesto testaferro de Zaplana, pero sin una responsabilidad al margen de su participación en los hechos. Belhot recibía un trato especial nunca visto en España a cambio de que acusara a Zaplana, después de que el juzgado lo había calificado de “pieza nuclear en la investigación”.
Se convertía en testigo protegido a pesar de que le bloquearon las cuentas, le sometieron a entradas y registros tanto en su vivienda como en su despacho profesional, le interceptaron el tráfico de llamadas entrantes y salientes, cursaron a Uruguay una orden de detención a efectos de extradición, se le volcaron y copiaron todas sus comunicaciones a través de sus direcciones de correo electrónico, le realizaron seguimientos y le grabaron sus llamadas y reuniones, entre otras medidas judiciales.
Escándalos de Belhot
Entre tanto, en Brasil, Roberto Trombeta había declarado ante la Justicia de su país, en junio de 2015, que Belhot y su socio, como representantes de BGL Asesores Legales y Fiscales fueron contratados para desviar dinero del Grupo OAS en Ecuador y Perú. Finalmente, la ingeniería financiera orquestada por el uruguayo consiguió desviar seis millones de dólares a través de la sociedad española DSC y por varias cuentas holandesas hasta llegar al BPA de Andorra.
En 2016, el abogado se vio envuelto en otro escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la macroinvestigación Lava Jato, que afectaba a diversos países sudamericanos con tentáculos en Andorra, Suiza y España. Los investigadores descubrieron que existía un “departamento de sobornos” desde donde se compró voluntades de funcionarios en varios países a cambio de contratos de obras públicas.
Según declaró el abogado brasileño Rodrigo Tacla Durán ante la Justicia española, Marcelo Odebrecht contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca.
La causa de Valencia no ha impedido que Belhot siga ejerciendo el mismo trabajo, manteniendo su centro de operaciones en su despacho de Montevideo: BGL Asesores Legales y Fiscales S.R.L en la avenida General Rivera 6329.Oficina 106.
El abogado Daniel Campos, que sigue reclamando la declaración presencial de Belhot porque la videoconferencia se realizó cuando el sumario seguía secreto y su defendido permanecía en prisión, se quejó ante el juzgado: “Si aceptamos la artificial versión del señor Belhot de que los fondos que él transfería a sus cuentas en Uruguay se entregaban al señor Zaplana en efectivo, debería haber alguien que, como contrapartida a dichas transferencias, sacara ese dinero de alguna cuenta”.
Y añadía: “¿Si fuera verdad que el señor Belhot era un mero profesional con una actividad totalmente lícita por qué no hay contratos, liquidaciones, facturas o pagos por sus servicios? No parece posible que de las entradas y registros realizados en sus oficinas no haya aparecido una mínima referencia a los fondos que supuestamente gestionaba para mi representado, una mínima contabilidad, una hoja de cálculo o una anotación que le permitiera saber lo que podía o tenía que cobrar a ‘su cliente’ el señor Zaplana”.
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