La Policía sospecha que la espía del CNI infiltrada en la Audiencia trabaja también para otros servicios secretos

La Policía Nacional sospecha que la espía infiltrada por el CNI en la Audiencia Nacional era en realidad una agente doble: es decir, que aprovechaba su participación en varias investigaciones judiciales sobre terrorismo internacional yihadista para facilitar información confidencial a algún servicio secreto extranjero. Algo que representaría una seria amenaza para la seguridad nacional.

La mujer está imputada por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, que el Código Penal español castiga con una pena de hasta cinco años de cárcel.

Los magistrados Fernando Andreu y Pablo Ruz no ocultaron su indignación al saber que la colaboradora del CNI había sustraído documentos de dos causas sobre yihadismo internacional que estaban instruyendo, y que requerían la máxima confidencialidad para evitar filtraciones que pondrían en alerta a los investigados y darían al traste con la operación.

Más aún, cuando la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en territorio nacional está reglada por Ley y tutelada por jueces del Tribunal Supremo: los agentes del CNI no pueden llevar a cabo ninguna actuación que suponga una violación del secreto de las comunicaciones o de un domicilio particular sin la autorización previa, y debidamente justificada, de un juez del Supremo.

Un precepto que en este caso habría vulnerado abiertamente la agencia española que dirige Félix Sanz Roldán y que depende de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Si se confirman las sospechas de la Policía, además, la información sensible de la Audiencia Nacional que manejaba la colaboradora del CNI podría haber llegado de forma inmediata a conocimiento de algún Gobierno extranjero.

Células terroristas en Ceuta y Melilla

Como ha informado OkDiario, la mujer fue contratada para trabajar para la Policía Nacional como intérprete de rifeño, el dialecto del bereber que se habla en la región marroquí del Rif y en algunas comunidades de Argelia.

De este modo, prestaba apoyo a los agentes que estaban realizando seguimientos a los miembros de redes vinculadas al terrorismo yihadista en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, la Comisaría General de Información descubrió que, el 17 de agosto de 2012, la traductora se había llevado «de forma subrepticia un pendrive o dispositivo de almacenamiento del ordenador» en el que trabajaba, según consta en el informe remitido por la Policía a la Audiencia Nacional.

La mujer devolvió este dispositivo «de forma voluntaria» al ser advertida de que había violado las normas de confidencialidad de su trabajo, que había firmado en el momento de ser contratada.

Pero un análisis forense encargado por la Policía constató que en el pendrive habían sido grabados y luego borrados 17 documentos informáticos. Se trataba de copias de las traducciones de distintas conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas con la autorización de los jueces Fernando Andreu y Pablo Ruz. En concreto, la información correspondía a dos operaciones puestas en marcha contra redes yihadistas dedicadas a la propaganda y captación de células terroristas.

Archivos borrados del disco duro

La primera preocupación de la Policía fue que la mujer estuviera colaborando como informadora con alguna organización terrorista, lo que le habría permitido poner en alerta a los miembros de las células yihadistas sobre los que se estaban realizando los seguimientos.

Sin embargo, la investigación abierta por orden del magistrado Fernando Andreu permitió constatar que la mujer mantenía en aquel momento «una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el CNI, al que facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos» a la que tenía acceso gracias a su trabajo de traductora en la Audiencia Nacional.

Todo ello, señala el informe que la Policía remitió al juez Andreu, «induce a pensar que la sustracción de información que realizó tenía como destino final» el CNI.

Pero la Policía Nacional consiguió recuperar también varios archivos borrados del disco duro del ordenador en el que trabajaba la intérprete. Y en análisis de estos archivos, añade el mismo informe, «genera sospechas» de que la mujer «transmitió la información a algún otro servicio de inteligencia», además del español CNI. Es decir, que pudo estar colaborando como una agente doble, para un tercer país, con la documentación sensible que manejaba en su trabajo en la Audiencia Nacional.

Una vez descartada la posible colaboración con organización terrorista, un Juzgado de Instrucción de Madrid ha asumido la causa en la que la mujer está imputada por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.