Juan Marín tiene un chalé ilegal con piscina en Chipiona en suelo no urbanizable de uso agrario

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, lleva 20 años disfrutando de un chalé ilegal con piscina ubicado en Chipiona (Cádiz). Marín ha reconocido a OKDIARIO que cuando compró la vivienda sabía “que había sido construida sin licencia”. De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbanística de Chipiona, la vivienda es ilegal, ya que se encuentra ubicada en suelo no urbanizable de regadío intensivo.

Marín ha explicado a OKDIARIO que en 2012, se acogió al Decreto 2/2012 de 10 de enero, en el que se regula el régimen de las viviendas ilegales asentadas en suelo no urbanizable en Andalucía. “Me acogí al Decreto, como muchos andaluces, pero cuando compré la vivienda ésta ya estaba construida”, ha asegurado Marín a este periódico. Este Decreto, que en ningún caso permite legalizar la vivienda, accede a que ésta sea reconocida por parte de la Administración para que pueda contar con los servicios básicos de agua y luz y solicitar permisos para reparar el inmueble, pero nunca para ampliarlo.

“En primer lugar, las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad y, en consecuencia, su reconocimiento o tolerancia por la Administración lo será sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido su titular. En segundo lugar, el régimen al que están sometidas estas edificaciones es similar, aunque con mayores restricciones, al previsto para las edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, limitándose las obras autorizables en lo que respecta a los servicios básicos”, dice el mencionado Decreto. Es decir, la ilegalidad persiste.

La figura jurídica a la que se acogió Marín se denomina AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) y sólo pueden solicitarla aquellas viviendas que cumplan dos requisitos: que hayan sido construidas sin licencia y en las que haya prescrito el delito urbanístico. En el caso de Andalucía, la infracción prescribe a los cuatro años. Marín cumple ambos requisitos. Según el Catastro, la construcción del chalé ilegal se encuentra dentro de una finca de 5.527 metros cuadrados.

No consta en el Registro

Tal y como ha podido saber este periódico, el chalé ilegal de Marín no está declarado en el Registro de la Propiedad de Chipiona. Este hecho es contradictorio, ya que haberse acogido al AFO permite la inscripción del inmueble. De hecho, la nota simple de la propiedad la describe como “finca rústica y suerte de tierra de regadío”, cuando en realidad, se trata de un inmueble de 69 metros cuadrados y una piscina de 34 metros cuadrados. Marín adquirió dicho chalé ilegal en junio de 1999 junto a su mujer y la hermana de ésta.

Además, en la finca de Marín se ubican otras dos parcelas más, pertenecientes a cuatro titulares que no tienen ninguna vinculación con el vicepresidente de la Junta de Andalucía. El suelo donde está ubicada la finca está autorizado para el cultivo de flores y hortalizas y la instalación de invernaderos. En ningún caso al uso residencial.

De regadío intensivo

En la actualidad, el Plan General de Ordenación Urbanística de Chipiona, aprobado en 2005, permite la construcción de ciertas instalaciones en ese suelo, siempre que estén vinculadas al uso y explotación agrícola de finca. Dichas instalaciones son: casetas para aperos de labranza (que no pueden superar los 16 metros cuadrados), naves destinadas al almacenaje de productos agrícolas, establos e invernaderos. En ningún caso viviendas, ni mucho menos con piscina.

Sólo se permite la construcción de viviendas unifamiliares, como es el caso del chalé ilegal de Marín, en fincas que tengan una superficie igual o superior a 20.000 metros cuadrados. Sin embargo, la finca de Marín sólo tiene 5.000 metros cuadrados. Con todo, las viviendas permitidas siempre deben estar relacionadas con el trabajo en el campo y no con el uso y disfrute durante las vacaciones y los fines de semana.

60 de órdenes de derribo

En los últimos años, el Ayuntamiento de Chipiona, se ha visto en la obligación de realizar al menos 60 proyectos de demolición de viviendas construidas en suelo protegido y no urbanizable procedentes de órdenes judiciales, como es el caso del chalé ilegal de Marín.

De hecho, el anterior alcalde del municipio gaditano, Antonio Peña (PP), dimitió ante el “callejón sin salida” planteado por una acumulación de derribos de 30 viviendas ilegales. Ante ese dilema, el de demoler las casas o enfrentarse a la Justicia por desobediencia y desacato, optó por dimitir.

Su sucesora en el cargo, la también popular Isabel Jurado, actual alcaldesa de Chipiona, ha reiterado en varias ocasiones que el Ayuntamiento ha contratado asesoramiento jurídico para evitar los derribos ya que se trata de una decisión “muy dura y difícil”.