González abona la fianza de 400.000 euros para salir de prisión

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha abonado la fianza de 400.000 euros fijada por el juez del caso Lezo para abandonar la prisión madrileña de Soto del Real.

Este mediodía, la hermana del expresidente, la diputada madrileña del PP, Isabel González, y dos de sus hijas se presentaban en la Audiencia para hacer efectiva la fianza fijada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La cuantía ha podido ser reunida en menos de 24 horas gracias al aval de más de una decena familiares y amigos. Su salida de la cárcel se producirá en las próximas horas, tras el auto de libertad firmado por el juez. 

González ha estado encarcelado durante más de 6 meses al ser investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho o blanqueo de capitales.

El juez García Castellón acordaba este martes la libertad del exdirigente del PP cuando abonase 400.000 euros en metálico. El magistrado añadía que una vez aportada dicha cantidad, González tendría la «obligación de realizar presentación semanal ante este Juzgado o el más cercano a su domicilio, así como retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional”.

En el auto de 14 páginas, el juez señalaba que “los indicios recabados, indiciariamente señalan que los investigados, Ignacio González y Edmundo Rodríguez, se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la CAM, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones”.

“Resulta evidente”, añadía, «que estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada, en la que cada participe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo. Este reparto de tareas tiene una doble finalidad, por un lado facilitar o ejecutar los hechos, y por otro ‘alejar los centros de decisión delictiva’ de los centros de ‘ejecución material delictiva’, logrando así una mayor protección e impunidad de los máximos responsables”.

El auto también mencionaba que “las actuaciones de la trama han traspasado las fronteras nacionales y así existen indicios de la realización de otros hechos delictivos en países que albergan la sede de las filiales de la sociedad Inassa, como Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia. La estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado”.

“Los elementos probatorios que se están recabando”, indicaba el juez,  “evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organización facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal”.

El instructor de Lezo también ratificaba la participación de González en las obras de Canal Golf: “Los investigados, Ignacio González González, Pablo González González, Juan José Caballero Escudier y José Antonio Clemente Martín, con el propósito de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la CAM invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas, crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad”.

“El importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la CAM invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros. Los hechos descritos en el apartado anterior pueden calificarse como presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales”.

Hace dos semanas, la defensa de González solicitaba la fijación de una fianza y la revocación su prisión incondicional que le mantiene en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado mes de abril.