El fiscal rechazó los ‘pinchazos’ de Martín Blas por vulnerar «el secreto de las comunicaciones»
Un comisario pide detener a su colega Villarejo, imputar al nº 1 de la Policía y registrar la casa de Inda
El fiscal se opone y la última palabra la tiene el juez
La Fiscalía advirtió al comisario Marcelino Martín Blas de que sus diligencias solicitadas al titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid para investigar la grabación del caso del ‘Pequeño Nicolás’ vulneraban “el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”. En esta causa, se investiga la grabación de un encuentro secreto mantenido el 20 de octubre de 2014 por Martín Blas y otros agentes del CNI, donde hablaron de “intervenciones telefónicas”, presuntamente sin orden judicial y “lavado de pruebas”, supuestamente falsas, para incriminar a Francisco Nicolás.
En un escrito fechado el 12 de abril de este año, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el fiscal del caso, Alfonso San Román, contestaba la petición de una serie de diligencias solicitadas por la Comisión Judicial de la Policía Nacional el 17 de marzo de este año. Dicha comisión, encabezada por el comisario Marcelino Martín Blas y otro inspector judicial, solicitaba un mandato a las compañías telefónicas para que facilitasen las comunicaciones mantenidas a través de 16 líneas distintas de 11 periodistas y policías, entre el 1 y el 15 de marzo de este año. Es decir, unas comunicaciones mantenidas dos años después de los hechos que se investigan en el caso.
Estas 16 líneas telefónicas eran atribuidas al comisario José Villarejo y su esposa, Gemma Alcalá; el director de OKDIARIO, Eduardo Inda; los periodistas Esteban Urreiztieta, Daniel Montero, Manuel Rico y Sandra Fernández; el director de «Producciones Mandarina, Pedro Revalderia; el comisario Enrique García Castaño y el inspector José Ángel Fuentes Gago; y por último, Francisco Nicolás. En dicha diligencia, se pedía a las compañías de teléfonos que especificasen el tráfico de llamadas, la identificación de titulares de llamadas entrantes y salientes, el posicionamiento y los titulares de las tarjetas móviles de dichas líneas.
La contestación del fiscal un mes después fue rotunda. En primer lugar, señalaba que el escrito policial no especificaba cómo “el modo” por el que se había tenido conocimiento de esas líneas telefónicas y su atribución a esas personas. En segundo lugar, cuestionaba “la utilidad” de pedir las comunicaciones de estas personas de marzo de este año, si los hechos investigados sucedieron en el 2014.
Por último, el representante del Ministerio Público añadía que “tampoco se especifica el interés de averiguar la identidad de todas las personas con las que pudieron establecer comunicaciones con carácter general”. “No se justifica la finalidad de esa intromisión en el secreto de todas las comunicaciones”, concluía.
La Fiscalía finalizaba el escrito afirmando que “se opone a la expedición de los mandamientos solicitados por la Policía, a fin de evitar futuras nulidades de actuaciones como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones”.
Tras el demoledor informe del fiscal sobre la petición de diligencias solicitadas por Martín Blas, el juez del caso, Arturo Zamarriego las rechazó.
Otras diligencias rechazadas
El fiscal del caso ya se opuso a prácticamente todas la diligencias solicitadas por el Comisario Marcelino Martín Blas, en nombre de la Comisión Judicial de la Policía Nacional. El cesado jefe de Asuntos Internos de la Policía pedía la imputación de un total de 14 personas, entre periodistas y policías y la detención de tres de ellas. También solicitaba la entrada y registro en sus domicilios y oficinas con el «uso de la fuerza necesaria». Además, reclamaba la incautación de sus aparatos móviles y electrónicos y la revisión de sus cuentas de correo.
En un escrito fechado, el 6 de junio de este año, el fiscal afirmaba que estas peticiones eran “totalmente rechazables” por su “desproporción”, por “ser intrusivas” y por “atentar contra la consolidación de los derechos fundamentales y garantías en un Estado de Derecho”. De hecho, sólo accedió a la imputación del periodista, Carlos Mier, al que Martín Blas apuntaba como presunto autor de la grabación del encuentro secreto entre el comisario y los agentes del CNI.
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