Un ex alto cargo del PSOE andaluz cobró 78.650 € por amañar la venta de una parcela pública, según la UCO

Un nuevo informe de la UCO y volcado en el sumario que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla Plaza 10, ha acreditado el pago de una comisión de 78.650 euros a Daniel Muñoz Lorencio, ex directivo de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa). Fue como contraprestación por su papel en la venta irregular de una parcela pública en el barrio sevillano de Pino Montano.

El atestado, que desvela OKDIARIO, señala además a los dos directores gerentes de la empresa municipal de vivienda y documenta las presiones del alcalde socialista de Gines, Romualdo Garrido Sánchez, para lograr la licencia de apertura de un local cuyo propietario era investigado por narcotráfico.

La investigación nació de los pinchazos telefónicos a un grupo vinculado al blanqueo de capitales que explotaba el local Green House en el municipio sevillano de Gines, en cuyas escuchas emergió el nombre de Rafael Pineda, entonces jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y hombre de confianza del actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El ex concejal sevillano fue detenido y posteriormente puesto en libertad.

Corrupción en Emvisesa

El nuevo atestado recoge las declaraciones de 16 testigos tomadas en febrero de 2026 en relación con la parcela de la polémica en Pino Montano. Las conclusiones son demoledoras para los dos directivos que estuvieron al frente de Emvisesa durante el periodo investigado.

Varios testigos han confirmado que la decisión de arrendar la parcela correspondió a Felipe Castro Bermúdez-Coronel, director gerente entre 2015 y octubre de 2023, y que la de venderla fue del actual, Manuel Morillo García. Este último se reunió con José Luis Gómez Castañeda, socio de la trama, quien «le mostró su interés en adquirir en propiedad el solar objeto de investigación».

Pedro González Quevedo Vega, director del Área de Gestión de Emvisesa, de quien dependía Muñoz Lorencio, ha declarado que este «despachaba directamente con el Director-Gerente de Emvisesa, Manuel Morillo García», calificando de «totalmente anómalo» que saltase «ese conducto jerárquico sistemáticamente».

Una comisión del 2%

La UCO ha acreditado que Muñoz Lorencio recibió 78.650 euros desde la cuenta de Higueron Real Estate SL en la sociedad Aural Estate SL, que él mismo administra en exclusiva.

Los investigadores calculan que esa cifra se corresponde con una comisión del 2% sobre la compraventa del solar, cifrada en 3.956.284,97 euros IVA incluido. La diferencia con el 2% exacto, de apenas 475 euros, podría obedecer, según el atestado, a «comisiones bancarias, impuestos, tasas u otros costes asociados a la operación».

Un técnico de Emvisesa, quien realizó varias tasaciones sobre la parcela, ha declarado que «el hecho de que el solar se sacase a la venta mediante subasta con subarriendos en vigor no hacía atractiva la misma a posibles licitadores en general, pero que, en cambio, sí que era potencialmente atractiva para las personas que mantenían arrendado el solar en ese momento». Esa empresa era precisamente Higueron Real Estate.

El tercer expediente de enajenación, el que finalmente adjudicó la parcela, no se publicitó en los diarios locales como sí ocurrió en los dos anteriores. Ninguno de los 16 testigos ha aportado «justificación lógica» a esa anomalía.

El jefe de Comunicación de Emvisesa afirmó haber seguido en todo momento las instrucciones de la jefa de Asesoría Jurídica, quien a su vez declaró desconocer el porqué. Un círculo de silencios mutuamente excluyentes que la UCO considera especialmente llamativo.

El alcalde presiona a inspectores

La segunda clave del atestado documenta la intervención directa del alcalde de Gines, Romualdo Garrido Sánchez, para facilitar la obtención de la licencia de apertura del local Green House, cuyo propietario, era investigado por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.

El administrador de la empresa Asinger SL, empresa contratada por el ayuntamiento para emitir informes de calificación medioambiental, ha declarado que el alcalde «se puso en contacto con él en varias ocasiones para interesarse por los informes» y le pidió que le «echasen una mano a David Rodríguez Mohamed para indicarle cómo tenían que realizar las modificaciones necesarias».

«Hay que echarle una mano»

En junio de 2024, Garrido convocó una reunión en el consistorio dedicada en exclusiva al Green House, algo que la técnico de Asinger ha calificado de totalmente inusual en sus nueve años de experiencia tramitando alrededor de 60 expedientes para ese ayuntamiento. En esa reunión, el alcalde «le insistió mucho en que ese expediente tenía que resolverse cuanto antes y a ver qué se podía hacer para resolverlo de manera ágil».

La licencia fue finalmente concedida sin visita de inspección al local, pese a que tres inspecciones previas en el marco del expediente abierto en 2019 habían detectado irregularidades que paralizaron el procedimiento.

La UCO apunta a que el proyecto pudo ser «diseñado artificialmente simplemente para cumplir con la normativa vigente», sin que las adecuaciones exigidas se realizaran físicamente.

Lo que empezó como una operación antidroga en un municipio del Aljarafe sevillano ha derivado en una investigación que afecta a un ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, dos gerentes de una empresa municipal, un alcalde en ejercicio y varios empresarios. El caso Pineda no ha hecho más que empezar.