La corrupción persigue a Torrent: contratos hinchados y enchufismo en la incineradora de Campdorà

Al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, no sólo le preocupa su posible responsabilidad penal en la gestión de la empresa mixta Aigües de Girona, donde el Juzgado número 2 de Gerona y la Fiscalía Anticorrupción investigan un agujero económico de más de 10 millones de euros.

Pocos meses antes de abandonar la Alcaldía de Sarrià de Ter, Torrent tuvo que responder públicamente de las irregularidades detectadas en la empresa pública Tratamiento de Residuos y de Aguas Residuales del Sistema Girona SA (Trargisa por sus siglas en catalán), que gestiona la incineradora y la depuradora de Campdorà.

El pasado mes de marzo, Roger Torrent y los alcaldes de Gerona y Salt, Marta Madrenas y Àlex Barceló, se vieron obligados a comparecer en una rueda de prensa para anunciar la apertura de una investigación interna sobre las irregularidades registradas en la empresa pública participada por los tres ayuntamientos.

«Tomaremos las medidas necesarias, caiga quien caiga», anunció Madrenas respecto a la posible existencia de responsabilidades penales, que de momento no han llegado a los tribunales. La alcaldesa de Gerona tan sólo apuntó algunos de los hechos detectados: la contratación de trabajadores a dedo, sin que exista ningún proceso público de selección, y la existencia de sueldos «muy superiores» a los previstos en cualquier convenio colectivo, a pesar de las pérdidas que acumula la empresa desde hace siete años.

Los contratos son «confidenciales»

Trargisa tiene una plantilla de 49 empleados. El sueldo de los dos principales directivos (el consejero delegado, que lleva más de un año de baja, y el director técnico) suma 230.000 euros anuales, mientras la empresa pública arrastra unas pérdidas de 280.000 euros.

Por los servicios que presta en la depuración de aguas y selección e incineración de residuos, Trargisa facturó en 2015 un total de 5,2 millones de euros.  Pero cerró el ejercicio con un resultado negativo de 102.421 euros. La empresa pública, que recibe cada año más de 300.000 euros en subvenciones, acumula sanciones de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat.

En su informe sobre las cuentas de 2016 (las últimas que están depositadas ante el Registro), los auditores hicieron constar que no han tenido acceso a la auditoría interna ni a los informes encargados por el Ayuntamiento de Gerona «sobre aspectos laborales de la sociedad, porque son confidenciales».

El Ayuntamiento de Gerona tampoco ha permitido a los auditores acceder a los datos sobre «el saldo deudor de ejercicios anteriores que figura como pendiente de cobro al cierre del ejercicio, por importe de 255.230 euros».

Casi 4 millones en obras de arte

La empresa pública Trargisa está participada por los ayuntamientos de Gerona (73%), Salt (23%) y Sarrià de Ter  (4%), cuyo alcalde era hasta el pasado mes de enero Roger Torrent, quien todavía figura como consejero de la entidad. La sociedad pública cerró 2016 con deudas por importe de más de 3 millones de euros.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, las irregularidades detectadas también se hacen extensivas a algunos contratos adjudicados. La planta incineradora va a permanecer cerrada durante los dos próximos años, hasta 2020, para acometer una inversión de 27,3 millones de euros. Hasta entonces, esto obligará a tratar los residuos de los tres municipios en la planta de Vacarisses. El Ayuntamiento de Gerona ha aprobado una subida del 7% en la tasa de recogida de basuras para pagar esta obra.

Los hechos guardan numerosas similitudes con las irregularidades detectadas en empresa mixta Aigües de Girona (participada por los tres mismos ayuntamientos), que actualmente investigan un juez y la Fiscalía Anticorrupción. Como ha informado OKDIARIO, los gestores de Aigües de Girona descapitalizaron la empresa desviando todos los beneficios hacia sus cuatro accionistas (los tres ayuntamientos y la sociedad Girona SA), mientras la empresa acumulaba pérdidas por importe de 7 millones de euros.

Cuando estas irregularidades ya habían comenzado a salir a la luz, el entonces alcalde de Gerona, Carles Puigdemont, prorrogó en otros siete años el contrato de Aigües de Girona para poder financiar la compra de una colección de arte privada por 3,9 millones de euros. El juez investiga ahora esta decisión de Puigdemont, que fue respaldada por el entonces alcalde de Sarrià de Ter y actual presidente del Parlament, Roger Torrent.