La carta recibida por Revilla que demuestra que estaba al tanto de la corrupción del ‘caso Carreteras’

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, conoce desde hace doce años las irregularidades en las adjudicaciones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria a determinadas empresas para ejecutar la construcción de carreteras en la comunidad cántabra y no ha hecho nada. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga las presuntas irregularidades tras registrar la Consejería y detener a varios implicados.

OKDIARIO ha tenido acceso a la carta que demuestra que el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) conocía estos hechos desde el 29 marzo de 2011. En dicha misiva, un ex trabajador de la compañía Emilio Bolado SL denunció ante el Gobierno de Cantabria las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos de la que hasta el momento había sido su empresa. «Conocía la información de primera mano», explican a este periódico.

El ex trabajador, después de haber intentado sin éxito denunciar tales hechos ante la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo decidió remitir la documentación pertinente al presidente Revilla. En la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, el denunciante manifestó: «Solicito su amparo –dirigiéndose al presidente Miguel Ángel Revilla– para resolver satisfactoriamente unas denuncias presentadas por mí ante la Dirección General de Carreteras con fechas 7 de junio y 30 de julio de 2010 y en la Consejería de Obras Públicas con fecha de 4 de enero de 2011 y contestadas inconcretamente las primeras y la última no contestada a día de hoy» (sic).

«Después de haber hablado telefónicamente en varias ocasiones con el señor Manuel del Jesús, entonces director General de Obras Públicas, y de saber que se han hecho testigos en varias de las carreteras que enumero en mi carta de fecha 7 de junio, no tengo ninguna certeza de que las irregularidades respecto a la diferencia de los espesores del aglomerado extendido y facturado (…) se vayan a corregir descontándose de las facturaciones que la empresa ha ido haciendo a medida que se ejecutaban las obras», explicaba.

«Por lo que apelo a que usted dé orden de que se conteste mi súplica con datos concretos sobre las averiguaciones hechas y la forma en que se descontarán de la facturación total de las obras. Así como le pido que, en lo sucesivo, se pongan los medios necesarios para que dicha empresa no vuelva, presuntamente, a cometer infracciones tan perjudiciales para nuestra comunidad», concluyó. Revilla recibió la denuncia, pero no contestó.

El ex trabajador de la empresa Emilio Bolado SL ya había contactado –como se lo hizo saber al propio Revilla– con otros organismos autonómicos para denunciar las irregularidades que la mercantil estaba cometiendo en detrimento del erario. La primera misiva la envió el 7 de junio de 2010 al entonces director General de Carreteras, Vías y Obras del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, Manuel Del Jesús.

En la misma señalaba: «Solicito datos relativos a las obras efectuadas por la empresa Emilio Bolado SL en las carreteras autonómicas Arredondo-La Sía y Santillana-Suances. El fin de esta actuación es contrastar con los datos obrantes en mi poder para una posible denuncia en el Juzgado Correspondiente, ya que tengo sospechas de presuntas irregularidades respecto a la manifiesta inobservancia de las condiciones técnicas contratadas».

Cuatro días después, el 11 de junio de 2010, el director general de Carreteras respondió a tal requerimiento exponiéndole que para obtener dicha información debía «acreditar la condición de interesado que ostentaba al respecto de dichos expedientes y si no lo hiciera de tendría dicha petición por desistida».

El afectado reiteró su interés por solicitar una auditoría de las carreteras mencionadas «relativas a los espesores de los aglomerados que se contrataban y los que realmente se realizaban». Explicó: «Por mi condición en los últimos dos años en la empresa Emilio Bolado SL, de vigilante de las obras y de la maquinaria, tengo plena constancia de que había sido emitida la orden en la empresa Emilio Bolado SL de incrementar en algunas de las carreteras que se estaban asfaltando en esos momentos hasta un 40% de sobrepeso».

Por ello, continuó, «después de examinar los partes de la planta y de los camiones que estaban en el departamento del cual yo era responsable y comprobar la veracidad de tales afirmaciones manifesté expresamente mi rechazo a las cantidades que se habían mandado a incrementar. Ni que decir tiene que a raíz de esa disconformidad por mi parte me convertí en un trabajador incómodo para la empresa, lo que derivó en mi despido, posteriormente reconocido como improcedente».

La Dirección General de Carreteras le contestó que la denuncia formulada carecía «de base probatoria» y resultaba «contradicha por la realidad de las mediciones ejecutadas por la dirección facultativa de las obras». El denunciante puso tales hechos en conocimiento del consejero de Obras Públicas de Cantabria, José María Marzón Ramos, del que tampoco obtuvo respuesta.

Unos años después, en 2013, la Comisión Nacional de la Competencia multó a la empresa Emilio Bolado e Hijos S.L. a pagar 2,5 millones por su empresa Emilio Bolado S.L., y otros 307.728 euros por su otra empresa Acasan. El organismo detectó que once constructoras se repartieron entre 1998 y 2011 más de 900 obras y clientes, tanto públicos como privados, del sector de la conservación y construcción de carreteras en Cantabria y les multó con 12 millones en total.

Estas empresas, según precisó la Comisión Nacional de la Competencia, acordaban el reparto del «mercado del asfalto» tanto de las obras licitadas por organismo públicos, fundamentalmente el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento, como por trabajos encargados por clientes privados y en la venta de asfalto directamente a la planta. Sin embargo, Revilla conocía estos hechos y no los denunció.

Actualmente, la UDEF investiga un entramado corrupto en el seno de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Revilla que lleva años operando. Según ha podido saber OKDIARIO, la pieza principal de esta organización era un funcionario público que adjudicaba obras a determinados constructores cambio de dádivas.