El candidato del PSOE de León imputado por corrupción no se aplicó su propio plan antifraude

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 03/03/2026 05:47
  • Actualizado: 04/03/2026 16:59

El alcalde de Villablino (León), imputado por un presunto tráfico de influencias y candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Mario Rivas, evitó aplicarse el plan antifraude del Ayuntamiento en el caso por el que se encuentra investigado: el uso de recursos públicos del Consistorio para encargar unos carteles con destino a la ganadería familiar.

Rivas, actual secretario de Transición Justa en la ejecutiva autonómica de Carlos Martínez, ocupa el puesto número dos de la lista del PSOE por León. Está imputado por la comisión de un presunto tráfico de influencias en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada. El próximo 27 de abril tendrá que declarar como investigado.

Fue en abril de 2022 cuando el Ayuntamiento de Villablino, gobernado por Rivas, aprobó el plan antifraude del Consistorio actualmente vigente y accesible desde la página web municipal. Según consta en el plan, el Consistorio prometió aquí «adoptar una política de tolerancia cero con el fraude, estableciendo un sistema de control interno diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias, asumiendo para ello los principios de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones».

Si bien este plan antifraude está focalizado en la gestión de fondos UE Next Generation, también abarca recursos «gestionados por el Ayuntamiento». Por tanto, estas obligaciones de control antifraude afectan igualmente a contratos financiados con fondos municipales, como el pedido de carteles con el NIF/CIF del Ayuntamiento objeto de la investigación.

En este caso, según la denuncia presentada en 2023, se habría cometido un delito de tráfico de influencias por usar el Ayuntamiento para el encargo de dos carteles de metal cortados a láser (con sus distintas dimensiones) con el logo de la ganadería familiar del alcalde. El importe de este pedido fue de 277,91 euros. Y la fecha que consta en el albarán que reproduce este periódico es el 9 de julio de 2021.

La empresa Lasercor SL señaló que en un principio le solicitaron dos carteles para el Ayuntamiento de Villablino y que posteriormente fueron requeridos para que esa entrega y su facturación fuesen a nombre de Rubén Rivas, hermano del alcalde y también imputado en la causa, según publicó Diario de León. Tras dicho requerimiento, la empresa hizo un nuevo albarán y una nueva factura.

Como publicó OKDIARIO en marzo de 2025, este periódico tuvo acceso a uno de esos albaranes de la empresa y no aparece el nombre del hermano del alcalde, sino el NIF/CIF del Ayuntamiento de Villablino, que figura como cliente y como lugar de entrega del pedido realizado a una empresa ubicada en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Asimismo, este medio publicó una hoja de fabricación de este pedido donde reza el Ayuntamiento de Villablino, con fecha de entrega del día 8 de julio de 2021. También podía leerse aquí que este encargo fue «pagado por transferencia». Y en las condiciones de pago decía: «Contado por adelantado».

Además, en dicha denuncia se aporta un correo electrónico donde personal del Consistorio de Villablino, desde una cuenta oficial del mismo, se dirige a la empresa para enviarle el justificante de ingreso de la «factura proforma».

Cuando la denuncia fue presentada en octubre de 2023, sobre los hechos descritos ocurridos en julio de 2021, el Ayuntamiento de Villablino (León) gobernado por Rivas (PSOE) no realizó ninguna acción de esclarecimiento. Es decir, desde el Consistorio no investigaron el albarán municipal, ni el uso del NIF/CIF ni la falta de justificante. De esta manera, nunca se abrió expediente pese a existir documentos municipales incompatibles con la versión oficial.

Lo que sí hubo, según las fuentes consultadas, es la realización de un informe mucho tiempo después por encargo del alcalde socialista al interventor municipal, donde éste exonera a Rivas de cualquier responsabilidad penal, lo que podría derivar también en un presunto delito de falsedad documental.

Este «informe aclatorio», como publicó OKDIARIO la pasada semana, no lleva fecha ni código de verificación (CSV). Eso sí, aparece el sello del Ayuntamiento y la firma del interventor municipal.