Piden una orden de arresto contra el ex presidente surcoreano Yoon por la declaración de la ley marcial

Las autoridades surcoreanas han solicitado este lunes una orden judicial para detener al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, actualmente destituido de sus funciones, mientras continúan la investigación sobre la declaración de la ley marcial del pasado 3 de diciembre y si ésta constituyó una rebelión.

La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que dirige una pesquisa conjunta con la policía y las autoridades militares sobre el tema, ha confirmado que solicitó la orden a la Corte del Distrito Occidental de Seúl.

En esta solicitud, los investigadores confirman que Yoon encabezó una insurrección y abusó de su cargo cuando declaró el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados presentes en el Parlamento votar en contra del decreto.

El actual ex presidente ha negado todas las acusaciones defendiendo que la ley marcial fue un «acto de gobierno» para advertir al partido de la oposición contra lo que considera un «abuso de poder legislativo» que busca brindar su apoyo al régimen de Corea del Norte.

La defensa de Yoon ha prometido tomar «medidas formales» en respuesta. «Es una solicitud de una agencia que no tiene la autoridad para investigar los cargos de insurrección», ha declarado a la agencia de noticias surcoreanas Yun Gap-geun, uno de los representantes legales del mandatario, destituido en una moción aprobada por la Asamblea Nacional el pasado viernes.

Además, ha denunciado el intento de detención y ha presentado una impugnación a la corte defendiendo que la solicitud de la orden era inválida porque, según dice, «un presidente en funciones no puede ser procesado por abuso de poder».

«Por supuesto, hay opiniones académicas diferentes sobre si se puede investigar a un presidente por abuso de poder y algunos afirman que las investigaciones son posibles. Pero incluso cuando se permiten investigaciones, la opinión predominante es que deben ejercerse con la máxima restricción», afirmó Kap-keun. Sin embargo, se desconoce cómo respondería el equipo legal si la corte aprobase la detención del presidente ya que el abogado no ha querido responder a esta pregunta.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur tendrá hasta junio para decidir si restituye sus competencias o, por el contrario, lo inhabilita definitivamente.

Moción de censura

Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial de emergencia el pasado 3 de diciembre tras acusar a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y simpatizar con Corea del Norte, lo que se interpretó como un autogolpe de Estado. Declaró que el fin era erradicar las «fuerzas pronorcoreanas» e insinuó que Corea del Norte habría manipulado las elecciones legislativas de principios de 2024 en las que la oposición arrasó.

El presidente del Parlamento se negó a acatar la ley marcial y, en tan sólo seis horas, la Cámara logró revertirla. La fallida declaración de la ley marcial de emergencia que ha dejado fuera del poder a Yoon Suk-yeol también ha desatado una crisis política en el país, con 12 días de protestas masivas con las que los ciudadanos pedían que se retirara al mandatario aferrado al cargo.

Por esta razón, el 14 de diciembre, la oposición de Corea del Sur presentó una moción de censura contra Yoon Suk-yeol, lo que supuso su destitución. La moción consiguió el apoyo de 204 diputados, mientras que 85 han votado en contra, con 3 abstenciones y 8 votos nulos.