‘Operación Lava Jato’: el escándalo de corrupción de 3.200 millones € que tumbó a Lula y Rousseff

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Director Adjunto de OKDIARIO.
• • 30/09/2022 14:31
  • Actualizado: 30/09/2022 14:36

El mayor escándalo de corrupción y blanqueo de dinero de la historia de Iberoamérica -que acabaría con los huesos del comunista Lula da Silva en la cárcel y que tumbaría al Gobierno de su ahijada política Dilma Rousseff- se llamó Operación Lava Jato («Lava Coches», en portugués) y comenzó un 17 de marzo de 2014 a las 6 de la mañana en una gasolinera de Brasilia cuando las autoridades brasileñas descubrieron que allí se lavaban pocos coches pero sí mucho dinero, ya que puertas adentro operaba una casa de cambio ilegal. Pertenecía a Carlos Chater, un cambista que operaba desde hace años en Brasilia, vinculado a José Janene (Partido Progresista, PPB), todo un nombre propio del latrocinio institucionalizado en Brasil y estrecho socio político de Lula da Silva. En principio, nada del otro mundo en un país acostumbrado a convivir con el hedor de la corrupción en sus narices. “No teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar”, admitiría meses después la Policía Federal en Curitiba.

Lo que al principio comenzó como una modesta operación policial se convirtió, con la detención de otro amigo de Chater, Alberto Youssef, en un gigantesco caso de corrupción política y financiera que se extendía como una metástasis por todo el establishment brasileño. La aparición de Youssef lo cambió todo. Viejo conocido de la Policía, en 2004 se salvó de entrar en prisión por la operación Banestado, curiosamente el primer caso financiero importante que instruyó el entonces joven juez Sergio Moro, impulsor de la Lava Jato y azote de la élite empresarial brasileña. “No nos podíamos creer que fuese Youssef”, contó uno de los agentes. Youssef era uno de los líderes de esta banda de cambistas clandestinos y responsable del blanqueo de activos. Este financiero hecho a sí mismo era un conseguidor acostumbrado a corromper políticos de todos los partidos, experto en lavado de dinero y en crear empresas fantasmas para conseguir contratos del Gobierno.

De vendedor ambulante, Youssef pasó a ser el brazo derecho del poderoso ex diputado José Janene (Partido Progresista, PPB), imputado en el caso Mensalão, origen del Lava Jato. Con el Partido de los Trabajadores, la formación de Lula, Youssef hizo negocios millonarios gracias a su amistad con André Vargas, vicepresidente de la Cámara de Diputados y primer político condenado por Lava Jato.

“Youssef era el engranaje del sistema: hacía las llamadas, entregaba los maletines, ordenaba las transferencias, diseñaba la creación de empresas tapadera, negociaba con los contratistas, cuidaba a los agentes públicos, resolvía discrepancias y, si era necesario, se metía en un avión privado para trasladar sumas elevadas a la otra punta del país”, dice El País.

El hilo de las conexiones de Youssef condujo a la Policía a un esquema millonario de blanqueo de dinero y evasión de divisas por valor de 3.200 millones de euros. “Transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de 100 empresas ‘fachada’ y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Las compañías, pura cosmética financiera, simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios”, explica el diario de Prisa.

Petrobras

Pero la detención más importante ocurre tres días después, el 20 de marzo del 2014, cuando la Policía detiene al ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Hasta ese momento, Petrobras no existía para los investigadores. Todo sucedió por un descuido: concretamente un regalo. Los inspectores comprobaron que Youssef había regalado un Land Rover de 115.000 dólares a Paulo Roberto Costa como pago por su trato de favor a un selecto club de directivos de 13 grandes empresas que se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobras con destacados políticos. Youssef era quien intermediaba en el pago de sobornos y donaciones ilegales a partidos.

Costa, colocado a dedo por el fallecido José Janene, era el cerebro de esta sofisticada red de sobornos cuyo objetivo durante los seis años que funcionó a pleno rendimiento fue engrasar a la casta política brasileña. De ahí el cinismo de Lula cuando ha afirmado en esta campaña electoral que «Brasil y la democracia brasileña eran felices cuando la polarización en este país era entre el PT y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Éramos opositores políticos, intercambiamos puyas, pero nos reuníamos”. Efectivamente, se reunían para ponerse de acuerdo en saquear las arcas públicas y engordar ilegalmente las cajas de sus partidos, un robo institucionalizado donde reinaba el consenso.

Delator bomba

Costa, conocido como el ‘delator-bomba’, fue detenido en 2014 y firmó un acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público Federal que reveló las tramas de enriquecimiento ilícito de políticos y sobornos a empresas con contratos con la petrolera, principalmente constructoras multinacionales como OAS, Odebrecht (hoy Novonor) y UTC, por lo que el escándalo saltó a otros países de América Latina. Costa renunció a 23 millones de dólares que tenía en cuentas en Suiza y a 2,3 millones en las islas Caimán y devolvió un total de 15,1 millones de euros a Petrobras. Falleció en la cárcel en agosto de 2022 a la edad de 68 años.

Según el diario Estadão de São Paulo, Costa señaló a 28 políticos en su gran mayoría pertenecientes al lulista Partido de los Trabajadores (PT). La relación de cargos públicos incluye antiguos sospechosos y nombres nuevos, como el gobernador del Estado de Acre, Tião Viana (del gobernante Partido de los Trabajadores, PT), reelegido este mismo año, además de los diputados Vander Luiz dos Santos Loubet, Alexandre José dos Santos, Luiz Fernando Faria y José Otávio Germano. En total aparecen siete senadores y 11 diputados federales. Si bien la mayoría pertenece al arco de partidos que sustentaba al Gobierno de Dilma Rousseff (¡que tuvo asiento en el Consejo de Administración de la petrolera entre 2003 y 2010!), aparece también un señalado miembro del principal partido opositor, el PSDB: el ex senador Sérgio Guerra, ex presidente nacional de la formación, que según Costa pidió en 2009 cuatro millones de dólares para archivar una comisión parlamentaria de investigación a Petrobras en la Cámara alta.

El 3%

Costa afirmó que el esquema en la Petrobras funcionó a lo largo de los dos mandatos de Lula da Silva y también en los dos primeros años de gestión de su ahijada política Dilma Rousseff. Siguiendo el esquema Mensalão, la distribución del dinero obtenido con los proveedores de la Petrobras servía para garantizar que los partidos aliados de Lula continuarán apoyando al gobierno federal en el Congreso. Es el típico 3% pujolista: obras contratadas por Petrobras a grandes empresas constructoras y de ingeniería con presupuestos de miles de millones de dólares, de los que se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje mínimo del 3%. Luego, este dinero se introducía nuevamente en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles.

Costa explicó que la operación tuvo inicio en el 2006, cuando se formó un cártel entre grandes empresas para prestar servicios a Petrobras y para las obras de infraestructura, como la construcción de hidroeléctricas y aeropuertos. En su relato a la justicia, Costa citó el nombre de 13 constructoras entre las cuales estaba Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Mendes Júnior, Queiroz Galvão y Andrade Gutierrez. La propina pagada a los políticos y funcionarios de la Petrobras era proporcionada por los empresarios.

Los partidos políticos se repartieron Petrobras a su antojo: el PT, PMDB y PP controlaban cinco direcciones generales de Petrobras: Servicios, Exploración y Producción, Gas y Energía, Refinería y Abastecimiento e Internacional. Tal como explica el periodista Santiago Vallejo, “los directores apadrinados por los partidos eran los responsables por negociar el porcentaje de las coimas en los contratos firmados por la estatal con los directivos de las constructoras. En compensación, las empresas aseguraban su participación en contratos billonarios con Petrobras como la construcción de la Refinería de Abreu y Lima, en Pernambuco, que está en investigación por sospecha de sobreevaluación”.