Más de 66.000 desplazados en Libia desde el inicio de la ofensiva sobre Trípoli en abril

La Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) ha publicado este martes que 66.000 personas, lo que supone aproximadamente 13.310 familias, se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el pasado 4 de abril. Ese día se reinició la escalada de violencia en Libia con el inicio de la Operación Torrente de Dignidad lanzada por el mariscal Jalifa Haftar. La estrategia cuenta con el objetivo de combatir a los terroristas y a las milicias armadas que operan en Libia, según apuntaron en su momento fuentes diplomáticas rusas.

Tras un rápido avance por el territorio libio desde el este, el Ejército de Liberación Nacional (LNA, por sus siglas en inglés), encabezado por Haftar, intensificó su ofensiva sobre las inmediaciones de la capital y las zonas aeroportuarias, dejando un balance de más de 400 muertos y más de 2.000 heridos, entre combatientes y civiles, según datos de la Organización Mundial para la Salud (WHO, por sus siglas en inglés). Además, dicha agencia de las Naciones Unidas denunció la semana pasada que los equipos médicos, como ambulancias e instalaciones sanitarias, se han convertido en el objetivo de los ataques aéreos, pues doce vehículos han sido impactados o dañados por los bombarderos, lo que ha supuesto tres bajas entre los miembros del personal sanitario. Cabe subrayar que dirigir ataques intencionados contra “edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios” está tipificado como crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Las últimas noticias de víctimas mortales se han conocido este lunes. Un bombardeo aéreo llevado a cabo por el LNA ha dejado tres personas fallecidas, miembros de las milicias armadas vinculadas al Gobierno de Fayez Serraj radicado en Trípoli y apoyado por Naciones Unidas. El ataque se ha producido en la ciudad de Zawiya, localizada entre la capital libia y la frontera con Túnez, que opera como la sede de las mafias de tráfico de personas que desarrollan sus actividades en Libia.

Cabe recordar que, en junio de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones contra seis traficantes, entre ellos, Mohammed Kachlaf, jefe de una milicia basada en Zawiya que controlaba el negocio del petróleo en la zona, y Abd Al Rahman Al-Milad, jefe de la unidad regional de la Guardia Costera libia, una organización marítima que está financiada por las autoridades italianas en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado en 2017 entre ambos países. Libia e Italia subscribieron dicho acuerdo para combatir la inmigración irregular en las aguas del Mediterráneo, mar por el que han llegado al país europeo más de 320.000 personas desde 2016, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refjugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés).

En su nota de prensa, la IOM también alerta de la situación que padecen 3.300 migrantes, entre ellos, mujeres embarazadas y niños, que se encuentran hacinados en más de una decena de centros de detención repartidos por Trípoli y sus inmediaciones. La situación se torna más compleja, si cabe, por la devolución de personas al país africano que intentan alcanzar las costas europeas. Así, desde el 4 de abril, la IOM ha contabilizado 871 migrantes que han sido forzados a retornar a Libia, lo que eleva la cifra total a 2.813 personas devueltas en estos cinco meses de 2019.

La nación, considerada como Estado fallido, ha sido catalogada tanto por la ONU como por la Unión Europea como “puerto no seguro” para el desembarco de migrantes, por la alta densidad de entramados de redes de mafias de tráfico de personas que actúan en el territorio.