La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se declara en huelga de hambre en la cárcel

La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, encarcelada preventivamente durante seis meses por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras la crisis postelectoral de 2019, se ha declarado en huelga de hambre, ya que «no quiere luchar».

Áñez también estaría deprimida, según ha revelado la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, después de visitar a la exmandataria en la cárcel de mujeres de Obrajes, donde ingresó el pasado lunes.

Según ha relatado Carvajal, Áñez «está en huelga de hambre. No quiere luchar. Tiene una depresión muy fuerte, profunda. Nadie pudo visitarla, ni sus familiares, sólo su abogado», recoge el diario local ‘Los Tiempos’.

A pesar de los intentos de animarla de la activista, cuenta la propia Carvajal, Áñez reiteraba una y otra vez que «quiere morirse, porque ¿para qué vivir?».

Carvajal ha visitado el establecimiento penitenciario junto a una delegación de la Defensoría del Pueblo tras la negativa de las autoridades de la prisión a autorizar la hospitalización de la ex presidenta, cuyos familiares han denunciado que presenta problemas de hipertensión y depresión.

Áñez fue detenida el sábado pasado y cumple cuatro meses de prisión preventiva a la espera de un juicio en el marco del ‘caso golpe de Estado’, por lo sucedido tras las elecciones generales bolivianas de 2019.

Por otra parte, la hija de Áñez, Carolina Ribera, permanece en «vigilia» fuera de la prisión, esperando que se le autorice visitar a la ex presidenta, según recoge ‘El Deber’, donde también se han congregado simpatizantes de la exmandataria para exigir que sea trasladada a un centro médico.

Ribera también ha informado de que se reunirá con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer el caso de su madre. Desde la oposición han criticado duramente la detención de Áñez y otros miembros de su gabinete al tildarlo de una detención política, mientras que el Gobierno ha reiterado que se están respetando todos los derechos de la ex presidenta.