VOX se querella contra el fugado Puigdemont, sus consejeros huidos y el abogado Boye

VOX ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional una querella contra el abogado Gonzalo Boye, que coordina la defensa del fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus consellers también huidos, por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa procesal.

Según explica el partido presidido por Santiago Abascal, se trata de una nueva ampliación de la querella que inicialmente interpuso contra el juez que admitió a trámite en Bélgica la demanda civil que Puigdemont había presentado allí contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

En esa demanda civil, las palabras de Llarena que motivaban el procedimiento no se ajustaban en su traducción al francés a lo que él había dicho literalmente, lo que ha motivado esta actuación de VOX que se querella contra Boye como firmante de ese documento y contra todos los denunciantes —Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig— por consentirlo.

Según VOX, «los querellados tenían conocimiento de que la traducción jurada presentada como prueba documental para justificar su demanda ante el tribunal belga era manifiesta y palmariamente falsa, al manipular las manifestaciones de Llarena para poner en duda su imparcialidad en la instrucción de la Causa Especial seguida en el Tribunal Supremo con la clara intención de provocar la nulidad del procedimiento judicial».

«Ni la condición de abogado ni la de procesado por rebelión puede justificar al amparo del derecho de defensa conductas encaminadas al descrédito de Tribunales españoles», ha destacado el vicesecretario jurídico de VOX, Pedro Fernández, tras presentar la ampliación de la querella.

VOX presentó el pasado 28 de agosto en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional una querella contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta contra Llarena, atribuyendo al juez belga la comisión de presuntos delitos de rebelión o sedición, contra la paz e independencia del Estado español, acusaciones a las que este martes añadió las de usurpación de funciones y prevaricación.