Vox obligará a los partidos a retratarse en el Congreso sobre el «Ministerio de la Verdad»

Vox va a obligar a los partidos de la izquierda y la extrema izquierda a retratarse en el Congreso sobre lo que llama el  «Ministerio de la Verdad», el comité gubernamental ideado por Pedro Sánchez, Iván Redondo y Pablo Iglesias para -oficialmente- luchar contra campañas de desinformación en redes sociales. Asociaciones profesionales de prensa y medios de comunicación han denunciado que se trata de un paso previo a la censura de prensa por parte del Gobierno. No en vano, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, en una entrevista televisada, confesó abiertamente que ese comité gubernamental situado en Moncloa controlaría, también, lo que publican los medios de comunicación tradicionales.

La iniciativa de Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, pretende que el Pleno del Congreso debata una moción a mediados de diciembre y rechace el plan del Gobierno que, aparentemente, pretende combatir las llamadas fake news. La iniciativa parlamentaria de Vox quiere que el texto que apruebe la Cámara Baja no sólo muestre su oposición al comité gubernamental de control de la información, sino que, con el propio texto, el Congreso se manifieste abiertamente y blinde la libertad de expresión, como derecho fundamental recogido en la Constitución, también en las redes sociales.

La moción de Vox es consecuencia de una interpelación de Vox al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Ejecutivo del pasado 18 de noviembre. En el texto de la moción se dice que el procedimiento contra la desinformación y los bulos activados por el Gobierno atenta contra tres de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución: la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de prensa. La moción busca que el Congreso inste al Gobierno a respetar todos ellos.

Así, Vox pide que el Congreso haga un llamamiento a «salvaguardar y respetar la libertad de información o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz». También, que emplace a «garantizar -dice la moción- y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones». También, que se proteja y respete «la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica» y que se asegure y respete «la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes».

En la moción que Vox quiere llevar al Pleno, el partido de Santiago Abascal urge a «garantizar y respetar una comunicación pública libre» por ser «pilar de la organización socio-política establecida por la Constitución e instrumento indispensable para la participación sin la cual no hay sociedad libre, ni por tanto soberanía popular». Además, la moción pretende que el Congreso inste expresamente al Poder Ejecutivo a «renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicación, grabaciones y de cualquier otro medio de información». Además, Vox hace un llamamiento para que el Congreso pida al Gobierno que renuncie a «cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito de los medios de comunicación, así como en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales».

De tapadillo

El Gobierno publicó el 5 de noviembre una orden ministerial del ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo por la que creaba toda una estructura gubernamental piramidal y jerarquizada, en cuya cúspide, aparecía Iván Redondo, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La orden, absolutamente ambigua en términos jurídicos sobre sus objetivos y procedimientos, creaba -eso sí- varios comités y subcomités con participación mayoritaria de cargos políticos del PSOE y de Podemos en el Gobierno o de funcionarios como el llamado comisario Lenin del ministerio del Interior. Se trata del comisario José Antonio Rodríguez, llamado Lenin por sus propios compañeros por su relación indisimulada con el PSOE desde los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez impuso su nombramiento a Fernando Grande-Marlaska como Jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, una pieza esencial para el manejo de la información de la que disponen la Policía Nacional y la Guardia Civil y para el manejo de los fondos reservados del ministerio.

La publicación de tapadillo en el BOE de la orden ministerial ha levantado enormes suspicacias entre los partidos de la oposición, pero especialmente entre asociaciones profesionales de periodistas y medios de comunicación. Según los casos, la critican abiertamente y la consideran censura o alertan, al menos, de que puede ser el paso previo para la reinstauración de la censura en España si no hay una oposición frontal a este comité.

El anuncio del llamado «Ministerio de la Verdad», en alusión a la obra 1984 de George Orwell, se produjo después del rapapolvo de la Comisión Europea al gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por su intento de modificar la Ley del Consejo General del Poder Judicial para imponer a sus candidatos y controlar el nombramiento, también, de los magistrados del Tribunal Supremo. Al día siguiente de la publicación de la orden ministerial, la Comisión recordó al gobierno español de socialistas y comunistas que el respeto a los derechos y libertades fundamentales es una condición sine qua non para recibir los fondos de reconstrucción.