Vox exige que se expulse a los inmigrantes que delincan por segunda vez sea el delito que sea

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Periodista y filóloga | Vox | Inmigración | Wokismo | Taurina en Entre Pitones | paula.ciordia@okdiario.com
• • 03/03/2026 05:42
  • Actualizado: 03/03/2026 12:09

Vox registrará este martes en el Senado varias enmiendas a la Ley de Multirreincidencia que se aprobó el pasado febrero en el Congreso de los Diputados. Según revela OKDIARIO, la clave de la propuesta de Vox está en que sean expulsados todos aquellos inmigrantes que delincan por segunda vez «sea el delito que sea».

En cualquier caso, desde la formación sostienen que, cuando el primer delito cometido lleve aparejada una pena superior a un año de prisión, debe activarse de manera inmediata el procedimiento de expulsión.

Lo que supone un significativo giro del Código Penal actual, dado que hasta ahora aquellos inmigrantes reincidentes sólo reciben una orden de expulsión si la pena impuesta es más de un año. La medida que defienden desde Vox acabaría con la impunidad ante delitos catalogados como menores, por ejemplo, hurtos.

El objetivo que persigue la formación que lidera Santiago Abascal es que los delincuentes cumplan las penas en el país de origen. Para ello, Vox pide eliminar también la figura del arraigo en el Código Penal de forma que no sirva «como excusa» para evitar ser expulsados.

Qué propone Vox con los inmigrantes reincidentes

El debate sobre la multirreincidencia ha dado un nuevo paso en el Senado tras la aprobación, el pasado 12 de febrero, de la reforma impulsada inicialmente por Junts en el Congreso. La iniciativa, respaldada por PSOE, PP, VOX y PNV, modifica la Ley Orgánica 10/1995 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de endurecer la respuesta penal ante la acumulación de delitos, especialmente hurtos reiterados.

Aunque Vox votó a favor del texto en la Cámara Baja, la formación considera que la reforma se queda corta. Por ello, ha anunciado la presentación de enmiendas en el Senado con un planteamiento más contundente en materia migratoria: expulsión automática para extranjeros que reincidan en el delito tras una primera condena firme.

La propuesta de los de Abascal establece que, cuando un ciudadano extranjero haya sido condenado por sentencia firme por cualquier delito y vuelva a delinquir —con independencia de que la nueva pena sea multa, prisión u otra—, la sanción sea sustituida en todo caso por la expulsión del territorio nacional. «Al segundo delito, expulsión», resumen desde la formación.

Vox pide eliminar «la excusa» del arraigo

Además, la enmienda elimina la posibilidad de alegar «arraigo» como causa para evitar la expulsión, figura que, a juicio del partido, se ha aplicado de forma extensiva y ha limitado la eficacia de las medidas actuales.

Según Vox, «la experiencia práctica demuestra que esta excepción ha sido utilizada de forma extensiva, desnaturalizando la finalidad de la norma y demostrando una voluntad persistente de incumplir la ley».

La formación liderada por Santiago Abascal confía en obtener el respaldo del PP, que cuenta con mayoría en el Senado y cuyo discurso en el Congreso, en palabras de Cuca Gamarra, defendió que «los inmigrantes que delincan, a su país». De confirmarse ese apoyo, las enmiendas podrían prosperar.

Vox también plantea que los entes gestores del transporte público puedan denunciar directamente delitos cometidos en sus instalaciones, ante el aumento de hurtos y altercados. Asimismo, propone reforzar acuerdos bilaterales y multilaterales para que los expulsados cumplan en sus países de origen las penas impuestas por tribunales españoles.

Finalmente, se dispone que la expulsión llevará aparejada la extinción del derecho a percibir ayudas, prestaciones o subvenciones públicas de cualquier naturaleza. «Resulta jurídica y socialmente incoherente que quien ha vulnerado reiteradamente el ordenamiento jurídico y es expulsado del territorio nacional pueda mantener o generar derechos económicos a cargo del erario público», zanjan.

Con estas medidas, la reforma —que sería de aplicación en todo el territorio nacional tras su aprobación definitiva— busca, según sus defensores, reforzar la seguridad y enviar un mensaje claro: «La permanencia en España exige el respeto estricto a la legalidad».