La UE no ve problemas en la actuación del policía infiltrado que se acostó con radicales indepes

El policía infiltrado en las redes separatista radicales de Cataluña y que mantuvo relaciones sexuales consentidas con mujeres que formaban parte de ese movimiento no hizo nada que contravenga la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Así lo ha asegurado el Parlamento Europeo tras analizar una denuncia presentada por Podemos en Bruselas, acusando a la Policía española de vulnerar derechos fundamentales al tener «relaciones con mujeres» en el marco de su operación encubierta.

Europa enmarca esa polémica actuación policial dentro de las «medidas adoptadas por las autoridades nacionales para mantener el orden público y salvaguardar la seguridad interior». Así lo asegura la comisaria europea de Interior, Ylva Julia Johansson, en una respuesta por escrito enviada al eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, autor de la denuncia sobre esta misión encubierta.

Según el Parlamento Europeo, se trata de un asunto de «responsabilidad del estado miembro», en este caso, España, ante el que la Unión Europea no tiene nada que hacer. «Cuestiones policiales como la mencionada por Su Señoría entran en el ámbito de competencias de España en el presente asunto», recalca en su respuesta a Podemos.

Fue Urbán quien el pasado mes de febrero, tras conocerse los hechos, registró en Bruselas un escrito de denuncia en el que explicaba cómo el agente «encadenó y superpuso relaciones con mujeres de diferentes proyectos políticos para dar credibilidad a su personaje y conseguir información». «Otro caso más de infiltración y espionaje contra los movimientos sociales o las fuerzas políticas en Cataluña», insistió el eurodiputado de Podemos.

Infiltrado

Con el falso nombre de Daniel Hernández Pons, llegó incluso a modificar su aspecto, haciéndose distintos tatuajes, cambiando su peinado y adoptando un cuerpo más musculado.

Dani, como así conocían al agente de Información que protagonizó esta misión policial, permaneció dos años como policía infiltrado en ambientes okupas y antisistema. Un tiempo en el que hay acreditadas, al menos, ocho relaciones afectivosexuales con mujeres de estos movimientos. Al menos cinco de ellas le han denunciado. Las mujeres apuntaron hasta cuatro delitos en su querella: abusos sexuales continuados, descubrimiento de secretos, impedimento del ejercicio de los derechos civiles e incluso tortura.

En total, sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente. Las abogadas que representan a las demandantes no han descartado, además, que pueda ampliarse el número de afectadas. De momento, no se han sumado nuevas «afectadas».

Las independentistas han sostenido que la infiltración del agente supone «violencia sexual institucionalizada», alegando que habría utilizado las relaciones con ellas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» para desarrollar su labor policial.

Alegaron, además, que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado» y que, en el caso de haber sabido que se trataba de un agente de policía, no habrían mantenido relaciones con él.