La UE alerta de que los contratos del Gobierno con Huawei aumentan «el riesgo de injerencia extranjera»

La Unión Europea (UE) alerta de que los contratos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado con la empresa china Huawei «aumentarían el riesgo de injerencia extranjera». Bruselas avisa de que «el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible».

Así lo ha admitido la finlandesa Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. Lo ha hecho a través de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo comunitario tras una pregunta de Vox en la Eurocámara.

Jorge Buxadé, diputado del partido de Santiago Abascal en el parlamento con sede en Estrasburgo (Francia), se interesó por conocer la opinión de Bruselas sobre los «riesgos para la seguridad europea por el contrato del Gobierno de Pedro Sánchez con la empresa china Huawei».

En su iniciativa parlamentaria, el dirigente de Vox aludía a que el Ejecutivo había contratado a Huawei, empresa «vinculada al aparato de inteligencia de China», para suministrar «servidores destinados al almacenamiento de escuchas judiciales del sistema SITEL». Buxadé recordaba que la compañía telefónica había sido calificada «por numerosos Estados occidentales como proveedor de alto riesgo en infraestructuras críticas».

«El Gobierno socialista ha decidido ignorar las implicaciones de seguridad que esto puede suponer para la cooperación judicial y policial nacional y europea», lamentaba el representante de Vox. Y entonces Buxadé ya alertaba de que «vulnera el principio de seguridad nacional dentro de una sana estrategia europea» e incluso «expone a posibles injerencias extranjeras los datos más sensibles del sistema judicial español».

El eurodiputado se interesaba por conocer la opinión de la Comisión respecto a si va a evaluar los «riesgos para la seguridad», qué «medidas piensa adoptar», así como su opinión sobre si ese contrato «está alineado con las recomendaciones de la UE para la seguridad».

La respuesta de Bruselas va en la línea de los temores de la oposición española. La vicepresidenta de la Comisión ha recordado que, en una comunicación oficial del Ejecutivo la Comisión ya se consideró que «Huawei (y ZTE) presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G». A su vez, recuerda que se comprometió «a evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE como proveedores». También a «restringir a estos proveedores de la financiación pertinente de los programas e instrumentos de la UE».

«El contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera», explicita la Comisión en su respuesta parlamentaria.

Examen de la Comisión a la seguridad

La Comisión también ha anunciado que «examinará de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)». A su vez, también se pondrá el ojo sobre las infraestructuras «en la próxima revisión del Reglamento de Ciberseguridad». El objetivo que se perseguirá con ellos es «evitar dependencias críticas y reducir el riesgo de que nuestras cadenas de suministro de TIC provengan de proveedores de alto riesgo». Es decir, buscar alternativas para que los Estados miembros de la UE, como España, no contraten a Huawei.

El Gobierno, a través del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otorgó el certificado de seguridad a 19 productos de la compañía china Huawei después de que EEUU los señalase por espionaje en la conocida como lista 1260H. También la UE había elaborado otro documento en el que advertía sobre los riesgos de esta entidad, sin que repercutiera en las certificaciones otorgadas por el Ejecutivo socialista.

Huawei resultó la empresa adjudicataria de la contratación, por valor de 12 millones de euros, para el depósito de las escuchas judiciales. La prestación de este servicio por parte de la empresa china es llamativa porque todas las entidades de ese país están obligadas por la ley china a darle al Gobierno chino toda la información que éste le requiera.