La UDEF sitúa a la familia chavista Amaro Chacón como pagadores de comisiones a la red de Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa a la familia chavista Amaro Chacón, administradora de la empresa Inteligencia Prospectiva SL, como pagadores de presuntas comisiones ilegales a la red del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, imputado este martes por delitos de tráfico de influencias y otros conexos.

Según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO, esta familia ligada al negocio de los hidrocarburos y a la actividad de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), habría realizado pagos y efectuado transferencias a través de Inteligencia Prospectiva SL a destinos relacionados con el ex líder del Ejecutivo y ex secretario general del PSOE.

Tal y como consta en el Registro Mercantil, la sociedad Inteligencia Prospectiva SL está administrada solidariamente por Domingo Arnaldo Amarco Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, y tiene su domicilio social en el número 187 de Paseo de la Habana en Madrid. También eran clientes de Whathefav SL, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, según las fuentes policiales.

El juez José Luis Calama ha ordenado el registro de estas dos mercantiles, además del propio despacho del ex presidente en la madrileña calle Ferraz y la sede de la constructora Aldesa, de capital chino.

La empresa de los Amaro Chacón, que declara como negocio principal la realización de «actividades de consultoría de gestión empresarial», cerró el año 2024 -último del que hay datos disponibles- con una cifra de negocio de apenas 34.936,15 euros, y un resultado negativo de 316.867,43 euros al terminar el ejercicio. Sólo consta que tuviese un empleado fijo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que lleva la investigación del caso Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales, ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio.

Rescate de ‘Plus Ultra’

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero de este rescate «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras» de una supuesta trama delictiva, recoge Ep.

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían -explicaba la Audiencia Nacional- «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de «muy alta cuantía», concretamente de «fondos públicos de programas CLAP», impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y «ventas de oro del Banco de Venezuela».

«La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», sostenía.