España
'Caso Begoña Gómez'

La UCO acredita que las cartas de Begoña Gómez para Barrabés sumaron puntos en los contratos amañados de 8 millones

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La UCO ha acreditado en su atestado desvelado por OKDIARIO que las declaraciones de interés y apoyo presentadas por Barrabés en los contratos de formación digital adjudicados por Red.es —entre las que figuraba la carta firmada en julio de 2020 por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno— fueron «tenidas en cuenta positivamente» por los técnicos del organismo público y contribuyeron a la puntuación final de la oferta adjudicataria.

Al informe policial se suma el pericial de la Intervención General de la Administración del Estado que concluyó, por su parte, que tenerlas en cuenta «supone una adulteración de la valoración técnica» que benefició a la UTE y perjudicó al resto de licitadores, en contratos que suman 8,4 millones de euros financiados con fondos europeos.

Los contratos investigados son los expedientes 014 y 016, adjudicados en julio de 2021 a la Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next —empresa del grupo Barrabés— y The Valley Business School.

El primero incluía dos lotes de formación para el empleo juvenil; el segundo, formación para personas desempleadas en la economía digital. Ambos se financiaron con el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Fiscalía Europea ha encargado este informe a la Guardia Civil y lo ha enviado al juzgado de Juan Carlos Peinado en lo que se refiere a un tercer contrato, el 044, que no tiene fondos comunitarios.

Begoña Gómez firmó su carta en julio de 2020, apenas semanas después de la publicación del concurso y mientras el plazo de presentación de ofertas estaba abierto.

La misiva, titulada «Declaración de interés y apoyo de máster en captación de fondos de ONLS para el desarrollo del programa Conecta Formación e Inserción Laboral en Desempleados», reconocía explícitamente que la adjudicación estaba financiada con fondos públicos: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es».

Red.es, con el plazo abierto para recibir ofertas, diseñó una guía de valoración que, para desconocimiento de muchas empresas licitadoras, incluía tener en cuenta favorablemente cartas de adhesión.

Barrabés presentó 35 documentos de apoyo, entre empresas, asociaciones y organismos públicos. El formato de la mayoría seguía una plantilla común que manifestaba «apoyo a dicho programa» e «intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias», texto que se repite casi literalmente en la carta firmada por Begoña Gómez. El objetivo es que a mucha gente le llegaran los cursillos online para mejorar en sus capacidades digitales. Está por ver cuántas personas realmente se formaron a la postre con estos contratos.

El peso de las cartas

El atestado de la UCO describe cómo esos apoyos fueron tenidos en cuenta en la valoración del criterio 1, que evaluaba el plan de difusión y captación de alumnos con un peso del 20% sobre los criterios sujetos a juicio de valor.

En concreto, el informe policial recoge que la UTE fue valorada positivamente porque había «trabajado acuerdos con grandes empresas y startups para favorecer la empleabilidad de los alumnos», considerándose ese mérito «conjuntamente con otros medios de difusión.»

Un evaluador, al revisar la oferta de Barrabés, fue el primero en señalar la heterogeneidad del material presentado: «Presenta muchísimas cartas de apoyo que no son en sí mismas acuerdos».

Sin embargo, la jefa de área que formaba parte del escalón de supervisión, aclaró a Asesoría Jurídica que la forma de valorarlos era precisamente esa: «Los licitadores incluyen en sus ofertas menciones a colaboraciones que no tiene que ser subcontratación, simplemente acuerdos que dan valor a sus propuestas, por ejemplo, para maximizar la difusión, potenciar las inserciones laborales, etc.».

Puntuación ilegal a Barrabés

El informe de la Intervención del Estado, elaborado a instancias de la Fiscalía Europea y remitido posteriormente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde Peinado instruye el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, va más allá en su diagnóstico.

Concluye que las cartas de recomendación «han sido tenidas en cuenta para determinar la puntuación de las ofertas» pese a que los pliegos del contrato no preveían que fueran objeto de valoración.

Tenerlas en cuenta, señala el perito, «en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores, en particular a la UTE Innova Next SLU y The Valley Digital Business School SL, y ha perjudicado a otros». Precisamente esas compañías rivales, en todo caso, a preguntas de OKDIARIO, no quieren alzar la voz por miedo a perder otras licitaciones públicas en el futuro.

El documento pericial añade una apreciación de notable relevancia procesal: «Se desconoce si se ha valorado el número de cartas de recomendación o si se han tenido en cuenta las características de las entidades que han emitido las cartas.»

Es decir, no hay forma de determinar si el hecho de que una de las cartas estuviera firmada por la esposa del presidente del Gobierno tuvo un peso específico en la puntuación, o si fue tratada de forma equivalente a las firmadas por IBM, Microsoft u Orange. De hecho, la tesis de la UCO es que de inicio las adjudicaciones estaban viciadas. El tablero estaba inclinado a favor de Barrabés a toda costa.

Mientras tanto, en su declaración ante el juez Peinado en diciembre de 2024, Begoña Gómez sostuvo que sus cartas no apoyaban a las empresas de Barrabés, sino a un proyecto, y que nunca llegó a llevar a cabo la labor de difusión a la que teóricamente se había comprometido.

El atestado de la UCO, sin embargo, no evalúa las intenciones, sino los hechos: la carta existió, se presentó en la licitación, y los evaluadores de Red.es la tuvieron en cuenta al puntuar la oferta que acabó ganando. Lo que nadie ha podido cuantificar todavía, ni la UCO ni la Intervención ni el juez, es cuánto valió exactamente la firma de la mujer del presidente en aquella convocatoria pública. Esa es precisamente una de las preguntas que tendrá que responder el jurado.