Los tribunales superiores en pie de guerra: Sánchez deja la Justicia «en manos de la mayoría política»

Los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Extremadura y Castilla y León han enviado sendos acuerdos de sus respectivas salas de gobierno en contra de la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitiría al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con tan solo mayoría absoluta, y no los tres quintos ahora necesarios, lo que dejaría fuera al PP, el principal partido de la oposición.

Los TSJ españoles han comenzado a hacer público su rechazo a una reforma que tildan de «golpe a la independencia judicial» porque consideran que la propuesta dirigida a modificar la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los vocales judiciales del CGPJ «no se ajusta a la Constitución al eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política la formación del órgano llamado a velar por la independencia judicial».

En un solo día se ha producido un hecho hasta ahora inaudito, que tres tribunales superiores de Justicia diferentes, Madrid, Castilla y León y Extremadura, difundan comunicados en contra de lo que el Gobierno pretende hacer. Pero se prevé que no solo sean estos tres tribunales los que saquen comunicados. El TSJ de la Comunidad Valenciana tiene su sala de Gobierno el próximo miércoles, y los magistrados valencianos ya han pedido que el TSJCV haga un comunicado similar al de sus compañeros. Por tanto, el listado de quejas de los TSJ irá en aumento en los próximos días.

Comunicados

Los TSJ de Extremadura y Castilla y León afirman que «la independencia judicial sólo se conseguirá plenamente siguiendo las recomendaciones del Informe GRECO y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces y magistrados».

El TSJ de Madrid es aún más contundente. Asegura que lo planteado por el Gobierno «no es conforme con la lógica, pues provoca una distinción de requisitos entre quienes, una vez nombrados, ostentarán idénticas funciones y facultades», y que, por tanto, «se aleja de los postulados repetidamente defendidos por las diversas instituciones europeas, que vienen proclamando desde hace tiempo la necesidad de descartar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación política del Consejo General del Poder Judicial». Según el TSJM, la reforma del Gobierno «deja en manos de la mayoría política la formación del órgano llamado a velar por la independencia judicial»

Poder Judicial

Los comunicados de este lunes se unen a la rabia mostrada por los vocales del CGPJ José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona, quienes presentaron el jueves pasado un escrito solicitando un pleno extraordinario para pronunciarse al respecto de la reforma. Pleno que se celebrará el próximo día 28 de octubre. Todos ellos quieren que se les escuche y dejar clara su oposición a este cambio normativo propuesto por Podemos y PSOE.

Los vocales han solicitado este pleno porque, a su juicio, «se está atacando la independencia judicial y queremos poder opinar al respecto. Hemos defendido que Polonia no lo hacía bien, y ahora no nos podemos callar. Hay que debatirlo, estamos preocupados».

Asociaciones profesionales

Pero los vocales y los TSJ no son los únicos que han mostrado su oposición frontal a la reforma de la LOPJ. Desde las diferentes asociaciones profesionales también han querido mostrar su rechazo.

OKDIARIO ha entrevistado al portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, quien, preguntado sobre lo que pretende hacer el Gobierno respondió: «Nosotros hemos hecho en Francisco de Vitoria una valoración muy negativa, la he calificado de despropósito. Uno de los problemas que tenemos con el sistema actual de los doce vocales judiciales del CGPJ es la politización, es decir, al ser el Congreso y el Senado los que los designan, pues inevitablemente se politiza el nombramiento como tristemente estamos comprobando ahora y desde hace muchos años, pero sobre todo ahora. Con la reforma todavía se acentúa más el peso político del nombramiento y se vincula directamente al Gobierno con el nombramiento del CGPJ. Al final, lo que pasa es que a ojos de los ciudadanos el Gobierno pone a quien quiere en el Consejo y eso es catastrófico».

Una politización denunciada por los tribunales superiores de Justicia que, por el momento, no ha tenido ninguna respuesta del Gobierno, y eso que tres de sus ministros: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlasca y Juan Carlos Campo son magistrados. Unos magistrados muy «guerreros» cuando formaron parte del CGPJ pero que ahora  han perdido esa ansia de lucha y justifican, en público, y un poco menos en privado, la decisión de politizar el órgano de gobierno de los jueces.