La toma de posesión de los consellers pone fin al artículo 155, que ha ‘gobernado’ 218 días
La Generalitat de Cataluña ha recuperado hoy el control político y financiero que había perdido con la implementación a finales del pasado mes de octubre del artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación ha acabado con la toma de posesión del nuevo Govern.
La aplicación del artículo 155 cumplía hoy 218 días y su desactivación tiene lugar el mismo día en que toma posesión el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El texto que alumbró el 27 de octubre el Senado, la misma jornada en la que el pleno del Parlament aprobaba una proposición que, en su preámbulo, declaraba un «Estado independiente en forma de república», establecía el fin de la aplicación para cuando tomara posesión el nuevo Govern surgido de las elecciones del 21 de diciembre.
«Las medidas contenidas en este acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña», decía textualmente la disposición que, en aplicación del 155, publicó el BOE tras recibir el plácet del Senado.
Cesar al presidente de la Generalitat en aquel momento, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, limitar las funciones del Parlamento catalán y asumir el control de los Mossos eran algunas de las potestades que se otorgaron al Gobierno al amparo de esa aplicación, respaldada en el Senado por PSOE y Ciudadanos.
Y el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sólo tardó unas horas en hacer uso de ellas: la misma tarde del 27 de octubre reunió a su Consejo de Ministros para cesar a Puigdemont y a todos sus consellers, convocar elecciones para el 21 de diciembre y ordenar el cierre de las llamadas «embajadas» catalanas en el exterior, excepto Bruselas.
260 cargos destituidos
La intervención de las finanzas autonómicas ya había sido asumida por el Ejecutivo a mediados de septiembre, pero también cesa al decaer el 155, si bien el Ministerio de Hacienda seguirá manteniendo un férreo control que incluso está dispuesto a endurecer para evitar que el nuevo Govern pueda destinar recursos públicos a actividades ilegales.
Mientras tanto, la Intervención General de la Generalitat tendrá que seguir certificando al menos mensualmente la legalidad de los pagos que realiza.
Durante estos 218 días, la Administración General de la Generalitat ha continuado funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat, pero bajo las directrices de los respectivos ministerios.
Precisamente en virtud de esa premisa, y en cumplimiento de una sentencia judicial, el ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ordenó la devolución de los bienes de Sijena que estaban en el Museo de Lleida.
Alrededor de 260 cargos han sido destituidos en este tiempo, uno de los primeros el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Un periodo en el que además se ha desmantelado la llamada «estructura de estado» con la que se estaba preparando la secesión, completada con el cierre del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), el organismo encargado de las relaciones en el extranjero de la Generalitat.
El acuerdo que aprobó el Senado dejó de lado el control de los medios públicos como TV3 y Catalunya Ràdio.
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