El Supremo reabre una rama del ‘caso Filesa’, el mayor entramado de financiación ilegal del PSOE

El mayor caso de corrupción del PSOE vuelve a los tribunales tras la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de reabrir el último fleco del caso Filesa, el relativo a las subvenciones recibidas por la agencia Viajes Ceres como adjudicataria de un concurso público para la realización de viajes de la tercera edad.

El caso Filesa destapó en los años 90 la financiación irregular del PSOE durante el último gobierno de Felipe González, etapa durante la que se desviaron 1.200 millones de pesetas para hacer frente a los gastos de las campañas electorales de 1989 a través de un entramado de empresas a las que se adjudicaban contratos inflados. Por este caso llegaron a ser investigadas medio centenar de personas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De ellas, fueron condenadas a prisión 8, de las cuales tres eran ex cargos socialistas.

Ahora, el caso vuelve a resucitar tras la decisión del Supremo de estimar un recurso del Partido Popular, personado como acusación popular, contra el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de noviembre de 2019 que decretó el sobreseimiento libre por prescripción de los delitos de la rama relativa a la agencia Viajes Ceres. El alto tribunal entiende que cuando se dictó dicha resolución todavía no se había determinado de forma clara el objeto del enjuiciamiento, «por lo que no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo».

Con esta decisión, el Tribunal Supremo abre la puerta a sentar en el banquillo de los acusados a una decena de dirigentes y empresarios socialistas investigados desde hace tres décadas por el presunto desvío de 42,2 millones de euros en subvenciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales.

Una rama del ‘caso Filesa’

La agencia Viajes Ceres fue la única adjudicataria de los concursos de vacaciones para la tercera edad de las temporadas 1988-1989 y 1989-1990, unas subvenciones que fueron tramitadas por el Ministerio de Asuntos Sociales de Matilde Fernández a través del Imserso, que entonces dirigía Ángel Rodríguez Castedo, militante del PSOE y UGT.

En total, Ceres obtuvo contratos por valor de 42,2 millones de euros, parte de los cuales, según el Tribunal Supremo, «no se destinaron a los fines de la subvención», una advertencia que ya en su momento realizó la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR), que a principios de los años noventa presentó una querella contra la agencia.

Se destapaba entonces que el dinero de las subvenciones recibidas por Viajes Ceres iba a parar a empresas ligadas al caso Filesa. Un entramado en el que resultaron investigados una decena de empresarios y dirigentes socialistas, entre los que destacan nombres como el de Carlos Rodríguez Bono, primo del ex ministro de Defensa José Bono, o el de los abogados Joaquín Lluch y José María Lafuente.

La decisión del Tribunal Supremo de revocar el sobreseimiento libre de la causa podría hacer que todos ellos se sentaran de nuevo ante los tribunales para responder por la última de las ramas del mayor caso de corrupción en el PSOE.