La Seguridad Social culpa a un robot de firmar el certificado que aseguró que Plus Ultra no tenía deudas

La Tesorería General de la Seguridad Social ha admitido ante la Audiencia Nacional que el certificado que acreditaba que Plus Ultra Líneas Aéreas estaba al corriente de sus obligaciones el 31 de diciembre de 2019 se generó de forma completamente automática, sin que ningún funcionario lo revisara ni lo firmara realmente, pese a que aparecía rubricado por un alto cargo del organismo.

La aerolínea utilizó ese documento para solicitar el rescate público de 53 millones de euros gestionado por la SEPI durante la pandemia, mientras, en realidad, arrastraba una deuda aplazada con la Seguridad Social desde 2017.

El hallazgo figura en una nota interior remitida el 31 de julio de 2026 por la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Recaudación en Periodo Voluntario al Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, dentro del caso Plus Ultra –también conocido como caso Zapatero– que instruye el magistrado José Luis Calama.

El certificado en cuestión data del 20 de agosto de 2020 y figura firmado por José Luis Encinas Prado, entonces subdirector general adjunto. Sin embargo, la propia Tesorería asegura que ese nombre se estampó sin que él interviniera.

Firma sin firmante

El documento explica que, hasta 2023, el sistema informático de la Sede Electrónica de la Seguridad Social generaba estos certificados sin supervisión.

Según la nota, firmada por la subdirectora general Silvia Pérez Fernández, «el sistema informático consignaba automáticamente el cargo, nombre y apellidos y firma holográfica del titular de la Subdirección General sin intervención de ningún funcionario».

El certificado afirmaba literalmente que Plus Ultra «no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social» a 31 de diciembre de 2019.

La fórmula era técnicamente correcta, porque una deuda aplazada y al día de pago no se considera exigible, pero no mencionaba que existía deuda alguna de fondo.

Deuda de 71.391 €

La aerolínea arrastraba entonces un aplazamiento vivo desde julio de 2017, por importe original de 183.658 euros, del que quedaban pendientes de amortizar 71.391 euros según los cuadros de pago posteriores. Esa cantidad no aparece citada expresamente en el certificado; no se menciona en ninguna parte del documento entregado a terceros.

El contexto de la petición resulta clave. El 10 de agosto de 2020, Plus Ultra solicitó a la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de Madrid dos certificados —a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de enero de 2020— «para presentarlo ante la SEPI para la obtención de ayudas del Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas».

Ese fondo exigía a las empresas beneficiarias «hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social». La fecha no era casual: coincidía exactamente con el requisito legal del rescate diseñado para sostener a empresas estratégicas golpeadas por el coronavirus.

La propia Tesorería, en un correo interno del 20 de agosto de 2020, ya mostró reticencias ante la segunda fecha solicitada por la aerolínea, al no figurar entre las exigencias de la convocatoria. «Si se le requiere un certificado con esa fecha, deberá acreditar tal exigencia», respondió la funcionaria a cargo del expediente antes de tramitarlo.

La Tesorería añade en su escrito a la Audiencia Nacional que, debido a la ausencia de un sistema centralizado de registro antes de 2023, «no es posible identificar cuántos certificados se solicitaron ni el contenido de los mismos» expedidos a Plus Ultra durante todo el periodo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2021.

El director provincial de la Tesorería, Rodrigo Francisco Mares Ramírez, remató su informe subrayando que el certificado de 2020 «se emitió en respuesta a una petición efectuada por la empresa» y que reflejaba fielmente los datos disponibles en ese momento en el sistema, aunque sin matizar la existencia del aplazamiento.

El asunto queda ahora en manos del juzgado, que deberá dilucidar si un trámite automatizado, diseñado para agilizar la burocracia estatal, sirvió sin querer para maquillar ante un fondo público de rescate la verdadera salud financiera de una aerolínea que, en paralelo, encadenaba pérdidas millonarias en sus cuentas anuales.

Otro investigado personado

La pieza se enmarca en las diligencias que investigan a los directivos de Plus Ultra, el pagador de José Luis Rodríguez Zapatero –Julito Martínez Martínez–, el propio ex presidente socialista y Simon Leendert Verhoeven, holandés nacido en 1959 y personado recientemente en la causa mediante un poder notarial otorgado en Ginebra el pasado 10 de julio.

Su defensa, a cargo de una abogada madrileña, ha solicitado acceso íntegro a la pieza de situación personal antes de la comparecencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.