El sectarismo de Évole: pide ir «puerta a puerta» para convencer a la gente de que no vea ‘Horizonte’

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 28/06/2026 15:24
  • Actualizado: 28/06/2026 21:23

Jordi Évole convirtió el escenario del Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en una tribuna contra Iker Jiménez. El presentador de La Sexta no se limitó a descalificar Horizonte: pidió directamente a los asistentes que hicieran campaña casa por casa para que el programa pierda espectadores. «Si pueden un poquito hacer un puerta a puerta, entre sus conocidos, y decirles: oye, no, no os creáis todo», reclamó ante el público.

El ataque arrancó con su habitual ironía. «No es muy normal que, en este país, el señor que nos explicaba que venían los ovnis, ahora nos esté explicando la corrupción del país», soltó Évole en alusión al periodista. Y, pese al desdén, tuvo que admitir el dato que más incomoda a quienes piden no creerlo: que el espacio de Iker Jiménez es líder de audiencia en su franja.

«No se lo digo en broma», insistió, antes de advertir de una supuesta «teoría de la conspiración perpetua» y de rematar con la frase que resume su intervención: «Si ustedes ven un programa al que va Aldama, no se lo crean», en referencia al empresario Víctor de Aldama, figura central del caso Koldo.

El marco de las declaraciones no es menor. La mesa ¿Por qué el periodismo? reunió a Évole con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y con la presentadora de La 1 de TVE, Silvia Intxaurrondo, bajo la moderación de la subdirectora del propio medio, Natalia Chientaroli. El debate se planteó en torno a la manipulación y al presunto intento de «ciertos sectores» de acallar a la prensa, señalando, eso sí, a los medios ajenos a la órbita del Ejecutivo.

Y el festival no se financia solo. El Gobierno lo subvenciona con 130.900 euros a través de la Dirección General de la Agenda 2030, hasta un presupuesto total de 262.139 euros, completado por el Ayuntamiento de Rivas, gobernado por IU-Más Madrid y PSOE. La oposición local lo ha denunciado como un «escaparate de propaganda» costeado con dinero público para pagar los cachés de periodistas afines, y el PP llegó a recurrir el contrato ante el Tribunal de Contratación, que terminó levantando la suspensión y permitió su celebración.