Sánchez usa el veto que criticó a Rajoy para frenar una proposición de C’s por exceso de gasto

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política. Premio Relato Parlamentario APP 2025
• • 10/09/2018 19:40
  • Actualizado: 10/09/2018 19:54

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, que tanto criticó los vetos del Ejecutivo de Mariano Rajoy para frenar la tramitación de proposiciones de ley en el Congreso por exceso de gasto, acaba de presentar el primero de su mandato tras llegar a La Moncloa. Y lo ha hecho en plena polémica por el máster de la ministra de ministra de Sanidad, Carmen Montón, contra una proposición de ley de Transparencia Universitaria presentada por Ciudadanos, argumentado que la puesta en marcha de de las medidas contempladas supondría un incremento del gasto presupuestario en cinco millones de euros.

Según fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ya ha comunicado a la Cámara baja su negativa a la tramitación de la iniciativa que el partido de Albert Rivera registró el pasado mes de mayo. El artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas proposiciones o enmiendas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque provocan un aumento de los gastos.

Sin embargo, este veto, que será debatido por la Mesa del Congreso este martes, podría ser levantado en dicho órgano en caso de que el PP apoye la tramitación de la iniciativa de Ciudadanos. Y es que fue precisamente el PSOE de Pedro Sánchez quien lideró ante el Tribunal Constitucional la rebelión parlamentaria contra los vetos del Ejecutivo de Rajoy, la cual dio como resultado el pasado abril una sentencia del TC según la cual la mayoría de la Mesa de la Cámara puede levantar un veto del Gobierno siempre que comprometa de forma «real y efectiva» las cuentas del ejercicio presupuestario vigente.

En el caso de la iniciativa de Ciudadanos, el Ejecutivo socialista calcula que la puesta en marcha de las medidas que se contienen en la misma supondrían un aumento del gasto de cinco millones de euros, el grueso de los cuales derivarían de la creación de una Alta Inspección para las universidades, cuyo funcionamiento costaría unos 4,5 millones, además de 500.000 en inversiones.

La formación naranja quería fijar en seis meses la creación de este organismo y dotarlo de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. El objetivo, según explicó Ciudadanos, era que se pudiera recurrir a la Alta Inspección cuando se encontrara alguna corruptela, sin implicar directamente a la Fiscalía.

Mayor control

La norma también buscaba mejorar «la rendición de cuentas» y «la autonomía» de la Universidad con un mayor control externo e interno de los centros, un cambio del sistema de obtención de plazas y una modificación el sistema de financiación, basado todo en la excelencia académica.

En su presentación el pasado mayo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recalcó que la Universidad tiene que estar «libre» de cualquier intervención o injerencia política. Entre las medidas contempladas en el texto, recalcó la obligatoriedad de hacer público el Trabajo Fin de Máster (TFM), algo que nunca realizó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, o la creación un «espacio» para que de forma anónima se puedan denunciar comportamientos o actuaciones inadecuadas sin sufrir represalias.