Sánchez prepara un ‘155’ al Gobierno canario contra su protocolo sobre inmigración con el aval de Pumpido

El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el Tribunal Constitucional, en manos de Cándido Conde-Pumpido, para intervenir en el Gobierno autonómico de las Islas Canarias porque no les gustan sus medidas para atajar la llegada de inmigrantes menores de África. Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO subrayan que el Ejecutivo de PSOE y Sumar ultima la interposición de un conflicto de competencias, lo que se traduce en que el Gobierno de Canarias tendrá un mes, como máximo, para retractarse. Si no, el Gobierno lo presentará ante el Constitucional, lo que le asegura que se ordene la medida suspensiva de el plan autonómicas de Coalición Canarias y el Partido Popular.

«El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá así todo el poder. Hará el requerimiento al Ejecutivo de Fernando Clavijo, esperar un mes y luego ir al Constitucional. El parlamentarismo tan racionalizado de la Constitución produce la omnipotencia del Ejecutivo, más aún desde 1986 con la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que los políticos nombran a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Ahora, además, el CGPJ nombrará más de 100 jueces en audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Lo que se suma al control que tiene Sánchez de la Abogacía del Estado y la Fiscalía», expresan las citadas voces.

Los planes de Sánchez pasan por aprobar este martes, en el Consejo de Ministros, el inicio de un conflicto de competencias contra el nuevo protocolo de acogida de menores inmigrantes no acompañados (menas) implementado por el Ejecutivo autonómico de Canarias. Esta medida responde a la entrada en vigor de unas normativas más restrictivas en las islas, gestionadas por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que limitan la acogida de menores migrantes según la disponibilidad de plazas y ciertos trámites administrativos. Desde Moncloa afirman que estas reglas son inconstitucionales, ya que la comunidad autónoma canaria se estaría arrogando competencias que le corresponden al Estado.

La tensión entre ambos gobiernos aumentó cuando la Fiscalía Superior de Canarias emitió el pasado viernes un decreto en el que criticaba duramente la medida del presidente canario, Fernando Clavijo, afirmando que desprotege a los menores migrantes, los discrimina y asume competencias que no son propias. El Ministerio Público también advirtió de que la comunidad autónoma podría estar incurriendo en un delito de abandono de menores al aplicar esta normativa y que podría actuar de oficio si se detectan esos presuntos delitos.

Más de 5.300 menores

El protocolo de acogida, publicado el jueves en el Boletín Oficial de Canarias, se presentó en un contexto de saturación del sistema de acogida de las islas, que alberga a más de 5.300 menores llegados en cayucos. El domingo, Clavijo defendió estas medidas, afirmando que las condiciones de hacinamiento impiden garantizar la seguridad de los menores.

El presidente canario mantiene que esta nueva normativa es una respuesta a la falta de respaldo del Gobierno central para forzar a otras comunidades autónomas a acoger a menores migrantes en zonas saturadas como Canarias, Ceuta y Melilla.

La propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, que buscaba repartir la carga de la acogida, no llegó a buen puerto en el Congreso de los Diputados en julio. Esto llevó a Clavijo a reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en busca de una solución.

El presidente canario criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por negarse a negociar con los populares las condiciones para redistribuir a los menores migrantes entre las autonomías. Por su parte, el Partido Popular, en apoyo a Canarias, ha firmado un acuerdo migratorio con el Gobierno autonómico y presiona al Ejecutivo central de Sánchez para que negocie una solución.

El Gobierno canario ha defendido el protocolo, argumentando que actualiza uno que ha estado en vigor desde 2014, aunque este último no incluía algunos de los nuevos requisitos. Entre estos trámites, que han sido fuertemente criticados por el Gobierno central, están la necesidad de una reseña policial completa, la audiencia del menor y una resolución administrativa sobre su ubicación que debe contar con la aprobación de la Fiscalía.

La Fiscalía ha rechazado la idea de Clavijo de que los menores estarán protegidos bajo custodia policial antes de ser ingresados en centros de acogida, argumentando que los menores extranjeros no acompañados se encuentran en una situación de desamparo. Éste es otro de los puntos que el Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional. Además, el Ejecutivo de Sánchez critica que el Gobierno canario intente responsabilizar al Estado por los menores durante el tiempo entre su llegada y su ingreso en un centro.

El conflicto de competencias seguirá el siguiente proceso: tras la aprobación en el Consejo de Ministros, se solicitará un dictamen al Consejo de Estado, y con este informe, el Consejo de Ministros formalizará el procedimiento el 24 de septiembre. El Tribunal Constitucional tendrá 10 días para admitir el caso. Durante este tiempo, el Gobierno central activará a la Abogacía del Estado y buscará un acuerdo con Canarias para gestionar la llegada y atención de los menores migrantes. Las fuerzas de seguridad mantendrán las actuales directrices hasta que se resuelva el conflicto.