España

Sánchez ordena abortar la comisión de investigación contra el emérito y el resto de ataques de Iglesias

Podemos prepara ya el ataque a gran escala a Don Juan Carlos I: petición de actuación penal, comisión de investigación en el Congreso, y escalada de acusaciones en redes sociales. Y Pedro Sánchez contesta con una orden de abortar la comisión de investigación y frenar los ataques de su vicepresidente Pablo Iglesias. El nuevo choque entre ambos líderes está servido.

Podemos ya ha hecho público que pretende impulsar en el Congreso una comisión de investigación sobre el patrimonio y los movimientos financieros del Rey emérito a raíz de su segunda regularización ante Hacienda.

El diputado morado Gerardo Pisarello ha señalado que hay un «clamor» para investigar el origen de esas actividades que «el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras».

El apoyo a esta comisión de investigación vendría de la mano de los mismos que ya impulsaron en el pasado acciones similares. Los partidos separatistas, el PNV, Más País, Compromís y el BNG, han planteado ya esa comisión de investigación, y Podemos ha confirmado que apoyará su tramitación en la Mesa del Congreso, donde, hasta el momento, todas esas iniciativas han sido bloqueadas.

Pisarello considera que la comisión de investigación planteada por los independentistas es «genérica» y, para darle más eficacia legal, el diputado de Podemos prefiere acotarla al patrimonio del Rey Juan Carlos I desde su abdicación, puesto que los letrados ya avisaron de que era inviolable cuando era jefe de Estado.

Pero el PSOE ha cerrado filas y no quiere seguir esta senda. Y Pedro Sánchez ha dado orden de que se aborte esta comisión de investigación, como ya se hizo tras la primera regularización, y de que se bloqueen en el Gobierno y el Congreso los distintos ataques a la institución monárquica planteados por sus compañeros de Gobierno.

Hay que recordar que el objetivo final de Pablo Iglesias es uno: acudir a la vía penal para exigir responsabilidades a D. Juan Carlos y que cargue contra él la Fiscalía.

De hecho, tras la confirmación de la nueva regularización fiscal de 4,395 millones de euros de Don Juan Carlos, Pedro Sánchez ha limitado su crítica al Rey emérito a hablar de conducta «incívica» e «irregularidad», lejos de la terminología penal. Pero Podemos ya ha dejado claro quiere ir más allá. De hecho, mucho más allá: las presiones internas en el seno del Gobierno han vuelto a surgir porque el partido de Pablo Iglesias quiere que la regularización no mate la vía penal y que la Fiscalía investigue el caso como delito fiscal, como ya ha publicado OKDIARIO.

Foco de tensiones en el Consejo de Ministros

El contexto ha abonado, así, un nuevo foco de tensiones en el Consejo de Ministros. El Rey emérito ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie. Por todo ello, Don Juan Carlos pagará más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

El emérito ya presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal el pasado mes de diciembre, cuatro meses después de su salida de España, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En concreto, el Rey emérito, que salió de España con destino a Emiratos Árabes Unidos en agosto del año pasado, ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

Según publicó OKDIARIO, la Fundación Zagatka fue constituida como un «fondo familiar» y tiene su sede en el domicilio del trust Allgemeines Treuunternehmen (ATU), en Äulestrasse 5 de la capital del paraíso fiscal europeo.

Ahora el Rey emérito acaba de anunciar una regularización fiscal por un importe de casi 4,4 millones, lo que implica que reconoce unos ingresos en especie no declarados hasta el momento de 8 millones de euros.
La regularización debería frenar la vía penal si es cierta, si abarca a la totalidad de los ingresos no declarados por Don Juan Carlos, y si se ha realizado de forma voluntaria y sin que la Administración iniciara las actuaciones para hacer tributar esos importes. Y, tal y como ahora explican los inspectores de Hacienda, si no ha habido actuaciones previas de la Fiscalía que hayan activado la investigación penal.

Podemos pone en duda, al menos, los dos primeros de esos conceptos. Y considera, por lo tanto, que, por mucho que pague el Emérito, la vía penal debe quedar abierta. Traducido: que la Fiscalía debe perseguir el comportamiento como potencialmente delictivo.