Sánchez complace al secesionismo: paga un estudio para hacer un cambio «político» del modelo territorial

El Gobierno de Pedro Sánchez busca complacer al separatismo catalán y subvencionará con 30.000 euros la puesta en marcha de un estudio que propondrá un cambio del modelo territorial. Ese replanteamiento del Estado de las autonomías se hará «no sólo desde una perspectiva jurídica, sino también política, económica y social».

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por el socialista Ángel Víctor Torres, ha aprobado esta semana un real decreto para la «concesión directa de una subvención al Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, para la realización de actividades para el estudio del modelo territorial español».

El Gobierno justifica esta acción en que el modelo «se enfrenta hoy a nuevas realidades políticas, sociales y económicas que desafían los marcos tradicionales de organización territorial e invitan a profundizar en su estudio». «Debe adaptarse a cambios sociales tales como una ciudadanía cada vez más diversa», indican.

Asimismo, se alude al impacto de «las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial» y al poder transformador que pueden tener de «la acción administrativa como la relación entre el Estado, los entes territoriales y la sociedad».

«Interés público y social»

La Administración central subraya que «la formulación de propuestas de mejora» es una tarea de «interés público y social». Por tanto, se debe contar con «el impulso y apoyo de las instituciones». Es decir, que es necesario aportar dinero del Ejecutivo para este fin, tal y como consideran desde el Ministerio de Torres.

El Gobierno destina 30.000 euros para la celebración de seminarios, congresos, jornadas, diálogos y publicaciones. También para «la organización del Foro de las Autonomías y la publicación del Informe de Comunidades Autónomas anual y del Anuario del Gobierno Local».

Con todo, este estudio sobre el Estado de las Autonomías pretende realizar «un análisis riguroso de su evolución, sus fortalezas y debilidades, y la formulación de propuestas de mejora». Para ello cuenta con la participación de «la comunidad académica, de la sociedad civil y de otros actores relevantes». Todo ello para celebrar «seminarios, congresos, jornadas, espacios de diálogo y publicaciones con el fin de obtener un enfoque plural y abierto en la búsqueda de soluciones compartidas ante los desafíos que plantea la realidad territorial actual».

La institución dependiente de la Universidad de Barcelona (UB) es un centro de «análisis e investigación especializado en diferentes ámbitos del Derecho Público», según puede leerse en la web del ente. Entre sus funciones está la de «desarrollar estudios y realizar informes que faciliten la resolución de los problemas existentes».

Entre sus trabajos está el informe anual sobre comunidades autónomas. «Desde el año 1989, lleva a cabo un completo análisis de toda la actividad institucional que en España afecta al desarrollo del Estado autonómico», subraya la página oficial de la institución. Los resultados del mismo sirven luego como materia de debate sobre el Estado autonómico en un «encuentro anual de altos funcionarios y responsables políticos del Estado» que se celebra en el Senado.

Sus investigaciones no sólo se circunscriben a las autonomías, sino que también versan sobre el derecho de la Unión Europea, además del fenómeno migratorio y del Gobierno Local, sobre el cual también presenta un anuario con la misma finalidad que el referido a las comunidades.