Salvador Illa buscó una sede en Madrid de 27 millones de euros «con uso residencial»

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid.
• • 09/09/2026 05:50
  • Actualizado: 09/09/2026 05:50

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa convocó un concurso público para adquirir uno o varios inmuebles en el centro de Madrid por un precio máximo de 27.131.200 euros, sin impuestos, y exigió que el edificio acogiera, además de las dependencias administrativas de la Delegación catalana y del centro cultural y librería Blanquerna, un espacio destinado a uso residencial del presidente.

La convocatoria se aprobó por resolución del director general del Patrimonio de la Generalitat, Jonatan Ferreras Román, el 10 de noviembre de 2025, y se publicó una semana después en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dentro del expediente AO 12459/25. El anuncio figuró bajo el Departamento de Economía y Finanzas, aunque el espacio que se pretendía adquirir quedó adscrito al Departamento de la Presidencia. El Govern reclamó también, con carácter opcional, seis plazas de aparcamiento.

El pliego acotó la ubicación con notable precisión. Los inmuebles ofertados tuvieron que situarse en el Distrito 01-Centro o, alternativamente, en los barrios 041-Recoletos, 042-Goya, 045-Lista y 046-Castellana, cuatro de los enclaves más caros del mercado inmobiliario de la capital. El anuncio admitió además los inmuebles situados a ambos lados de las calles que delimitan esos perímetros.

Uso residencial y 6 plazas de aparcamiento

Las condiciones fijadas para la parte residencial resultaron llamativas por su concreción. El Ejecutivo catalán reservó entre 85 y 105 metros cuadrados para la vivienda, que debía ubicarse en esos mismos barrios de precio máximo, y planteó junto a ella la incorporación opcional de seis plazas de aparcamiento, una dotación que multiplica por seis el estándar de un domicilio particular.

El anuncio no vinculó de forma expresa esas plazas al piso, sino al conjunto del inmueble, ni especificó a quién iba destinada la vivienda ni bajo qué régimen se ocuparía. La convocatoria permitió además adquirir varios inmuebles distintos, lo que abrió la puerta a que la parte residencial y el garaje se ubicaran en un edificio separado de la sede administrativa.

La superficie construida total que pidió el Govern se situó entre los 2.085 y los 2.605 metros cuadrados. El resto, descontada la vivienda, se destinó a la delegación y al centro cultural. La documentación valoró como aspectos positivos, aunque no obligatorios, que el edificio fuera de uso exclusivo y que dispusiera de las seis plazas de garaje.

El procedimiento no requirió que los licitadores constituyeran garantía alguna para concurrir. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 19 de enero de 2026 a las 14:00 horas, y las sesiones públicas de apertura de sobres se fijaron para el 12 de febrero y el 21 de abril de 2026 en la sede de la Delegación del Govern en Madrid, en la calle Orense número 62, en el barrio de Tetuán. Esa ubicación fue provisional: la Generalitat se trasladó allí tras no poder renovar el alquiler de su sede en la calle Alcalá, que ocupó durante dos décadas.

El intento acabó en fracaso. El concurso quedó desierto y, a finales de enero, fuentes del Departamento de la Presidencia confirmaron que ninguna oferta prosperó y que el Govern descartó convocar una nueva licitación revisando las condiciones.

El ático de la polémica

La operación no siguió la línea que Moncloa y el PSOE sostuvieron durante todo el verano a propósito de la compra de un ático en el distrito madrileño de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó el pasado 2 de septiembre la dimisión de Isabel Díaz Ayuso si no aclaraba la adquisición, que calificó de «gravísima» por su opacidad. El PSOE de Madrid llevó el asunto a la Fiscalía y un juzgado de la capital abrió diligencias.

El propio Illa entró en el debate el 7 de septiembre. En su primera entrevista institucional del curso, en Catalunya Ràdio, replicó a Ayuso después de que la presidenta madrileña cargara contra la reforma de la financiación autonómica en un acto del PP en Getafe, donde sostuvo que el pacto solo sirve «para pagarle la fiesta a los nacionalistas y a cuatro mindundis» y afeó a Cataluña sus «embajadas y todo tipo de chiringuitos», además de señalar que «son ellos los de las residencias oficiales».

Illa le advirtió de que no se metiera con los catalanes y zanjó el asunto con una frase: «Yo de ella no hablaría mucho de residencias oficiales». El presidente formulaba ese reproche mientras el Ejecutivo que dirige tuvo abierta la búsqueda de un inmueble en el centro de Madrid que debía incorporar una vivienda.

El Ejecutivo catalán defendió la adquisición de una sede en propiedad como un objetivo prioritario de la legislatura y como una muestra de «la voluntad política de permanecer en Madrid». No consta la publicación de una adjudicación, y la delegación catalana continúa en Tetuán.