La reforma ‘fake’ de Sánchez para los aforados: deja fuera la corrupción y no será retroactiva

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 30/11/2018 13:40
  • Actualizado: 30/11/2018 14:23

La propuesta de reforma de la Constitución para limitar el aforamiento, que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros, nace totalmente descafeinada.

Es decir, se trata de una medida de mínimos que deja fuera a la mayor parte de los aforados que existen en España -unos 250.000- y tampoco afectará a los casos de corrupción. El aforamiento, según la idea de Pedro Sánchez, se limitará a los «delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias el cargo». En la práctica, pues, los procesados por casos de corrupción seguirán manteniendo esa prerrogativa, que sólo se aplicará a aquellos delitos cometidos en su esfera íntima.

La reforma, tal y como la concibe el Ejecutivo, sólo afectará a los aforamientos que recoge la Constitución en sus artículo 71.3 y 102.1: el presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores. Es decir, una mínima proporción de los aforados españoles. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, la Familia Real y los cargos de Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.), también gozan de esa prerrogativa y no se verían afectados. Por ejemplo, en el caso de los cargos autonómicos, sería necesaria una reforma de los correspondientes Estatutos, lo que resulta enormemente complejo por la necesidad de lograr grandes consensos. Por ello, el alcance de la reforma es mínimo y, de querer extenderlo, debería incluirse una disposición en la que se recoja que los aforamientos autonómicos también se limitan.

No será retroactiva

La reforma tampoco tendrá carácter retroactivo. Es decir, los cargos que actualmente están imputados podrán mantener su aforamiento y solo se comenzará a aplicar una vez se apruebe la correspondiente modificación constitucional.

En cualquier caso, la propuesta de Sánchez está condenada al fracaso. Para aprobarla se requiere de tres quintos de las Cámaras o, en su caso de mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso, lo que implica que, sea como sea, es necesario el concurso del PP, que hoy por hoy ‘controla’ la Cámara Alta.

El líder ‘popular’, Pablo Casado, partidario de que se supriman todos los fueros, ha calificado la iniciativa de Sánchez de «anzuelo» y Albert Rivera, de «estafa». Su formación también votará en contra si la reforma no afecta a todos los aforados. Por su parte, Pablo Iglesias cree «impresentable» que el rey Felipe VI pueda mantenerse aforado. Desde Podemos se insiste en que cualquier modificación de la Constitución tiene que ser sometida a un referéndum, en el que aprovecharían para plantear otras demandas. Una amenaza que tiene, sin embargo, poco o ningún recorrido, a la vista de que la propuesta de Sánchez no tendría vía libre en el Congreso.

Pese a ello, el presidente del Gobierno está dispuesto a llevar la iniciativa a votación para que los grupos se retraten. Sánchez ha utilizado esta reforma como recurso en plena campaña andaluza. Por ejemplo, este mismo miércoles, cuando, en un acto en Marbella (Málaga) presumió de que su grupo, con 84 diputados, propondría una reforma constitucional para «regenerar la vida política del país».

Sánchez apuntó que «las derechas, con más de 160 diputados de 350 en el Congreso, no han sido capaces de ponerse de acuerdo» durante años.

Plazo de un año

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de dos artículos de la Constitución y ha precisado que el Ejecutivo se da el plazo de un año para realizar todas las reformas que conlleva ponerlo en marcha.

Calvo ha explicado además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una ronda con todos los grupos parlamentarios sobre este asunto con el fin de lograr los apoyos en el Parlamento para sacar adelante la citada reforma.

La vicepresidenta ha precisado que con esta medida, el Ejecutivo traslada a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos «están sometidos con igualdad ante las leyes» y considera que «de esta forma se hace más riguroso» ese sometimiento a la Ley ya que «todos los aforamientos de los cargos públicos quedarán reducidos al ejercicio estricto de su función».