Los recursos impiden al Supremo derivar a los juzgados las querellas contra el Gobierno por el Covid

Mes y medio después de que el Tribunal Supremo archivara las querellas y la denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión del Covid, pero al mismo tiempo ordenara que varias de ellas fueran enviadas a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investigaran más a fondo, las querellas y las denuncias continúan en las estanterías del Alto Tribunal. El motivo ha sido un aluvión de recursos en contra de la decisión de dejar fuera de la investigación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ya ex ministro de Sanidad Salvador Illa, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según fuentes cercanas al Alto Tribunal, el proceso se está dilatando en el tiempo porque a la hora de notificar el auto del Supremo, así como a quienes habían presentado las querellas se les pudo notificar por Lexnet, a las personas que presentaron las denuncias ha habido que enviarles la resolución del Alto Tribunal por correo certificado, lo que dilata los tiempos.

Pero además, las mismas fuentes aseguran que han recibido multitud de recursos en contra de la decisión, recursos que siguen entrando de las personas que denunciaron la gestión del Covid por parte del Gobierno y no están de acuerdo con lo que dijo el Supremo. Hasta que no estén todos los recursos, el Alto Tribunal no los resolverá, por lo que la llegada de las querellas a los juzgados ordinarios, a día de hoy, ni siquiera tiene una fecha a la vista.

Fiscalía

En su día, el anterior teniente fiscal Luis Navajas solicitó el archivo de todas y cada una de las querellas y denuncias relacionadas con el Covid. En el informe que se presentó ante el Supremo intervinieron, además de Navajas, el ex fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, actual sustituto de Navajas; la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unidad Especializada de Siniestralidad laboral, así como la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

En su informe, los fiscales pedían el archivo porque “sólo podemos llegar a la conclusión de que la querella es genérica, salvo con respecto a algunos de los fallecimientos que se imputan, y no aporta principio de prueba bastante para justificar otra decisión distinta a su archivo”.

Y apostillaban, entre otras cosas, que “en la querella no se determina ni cuándo se han producidos los hechos, en qué centros de trabajo, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado, lo cual hace, no sólo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica y prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento y nuestra jurisprudencia”.

Supremo

Sin embargo, el Tribunal Supremo, pese a comprar parte del argumento del Ministerio Público y archivar las querellas y las denuncias, sí que advirtió que podía haber delito en la gestión del Covid por parte del Gobierno, al menos en las referidas a la compra de material defectuoso, los test ‘fake’ y la falta de material sobre todo para los sanitarios en la primera ola de la pandemia, así como a las muertes en residencias de la tercera edad o los delitos contra los trabajadores que se pudieran haber producido por falta de material de seguridad.

Por ello decidió que, aunque no había indicios para actuar contra los aforados, sí que podía enviar esas querellas y denuncias a los juzgados ordinarios para que siguieran investigando desde abajo. Es más, decía la resolución, que en caso de que esa investigación dijera como fruto la implicación de algún aforado, que el magistrado de plaza de Castilla podría hacer una exposición de motivos razonada y enviar, de nuevo, la causa al Tribunal supremo.

Bronca

Las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus han estado rodeadas de polémica desde el principio. De hecho, que Navajas no convocara la junta de fiscales de Sala provocó un enfado monumental en la Fiscalía General del Estado.

Pero lo más llamativo fue que Navajas, en una entrevista en OKDIARIO, así como en otra en Onda Cero, llegó a acusar a dos compañeros, Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal, de «haberle presionado» para cambiar el sentido de su decisión. Un hecho que llevó a la Fiscalía a abrir una investigación para esclarecer lo sucedido. Una bronca tan monumental que ha provocado una fractura interna en la Fiscalía General del Estado que no se ha podido solucionar ni con la jubilación de Navajas.