Puigdemont dispone de un atajo legal en el Consell para desoír la petición de bloquear la investidura

Las bases del denominado Consell por la República, el órgano liderado por  Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica), han dictado sentencia: ‘no’ a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, y pese a que la decisión de la militancia de este pretendido gobierno republicano en el exilio es vinculante, Puigdemont tiene a su alcance un mecanismo para evadir el resultado de la consulta. Siempre que lo justifique, el ex president puede «apartarse» de lo decidido.

Para poder votar en las consultas del Consell primero hay que pagar. Lo mínimo son 20 euros al año, más otros 12 si se quiere recibir el DNI catalán, un documento simbólico que emite el órgano de Puigdemont. A día de hoy, son 90.484 miembros del Consell con derecho a voto. Pero lo que aprueben o rechacen en esas consultas populares puede cumplirse… o no.

La más reciente de esas consultas ha puesto a Puigdemont en una situación particular: el 75% de sus bases, al menos las que han votado, se han posicionado en contra de que el Consell, que representa el líder de Junts, haga a Sánchez presidente en la votación de investidura próxima. El aprieto no va por el hecho de que las conversaciones que han mantenido hasta ahora entre el PSOE y Junts, con la amnistía y la autodeterminación sobre la mesa, puedan descarrilar por esta votación. Va por el hecho de que obligarán a Puigdemont a desmarcarse de lo que han aprobado las bases, dejando a las claras a esos 90.000 afiliados que sus decisiones son poco menos que simbólicas. Papel mojado.

Vinculante… con una excepción

Los estatutos internos del Consell por la República incluyen un Código de Mecanismos de Consulta y otros procesos participativos, que rige este tipo de preguntas a las bases. Un reglamento que estipula no sólo las condiciones necesarias para que se realice esta consulta sobre investir a Sánchez, sino lo que ocurre después. El nivel de vinculación que tiene el equipo de Puigdemont, en el que está integrado también el eurodiputado Toni Comín -también reclamado por la justicia española-, a la hora de dar cumplimiento a ese bloqueo a la investidura. En pocas palabras, están obligados a cumplir, pero no.

Así se estipula en el punto 2 del artículo 44 de este código, en el que se especifica cómo han de gestionarse los resultados de la consulta. «Tiene carácter vinculante, y el Consell se ha de pronunciar sobre su incidencia en el transcurso de tres meses desde su celebración», señala el texto antes de dar paso a la letra pequeña: «No obstante, el Gobierno -del Consell- puede apartarse del resultado de la consulta de forma motivada, justificando que hay una contradicción con el plan del Gobierno». Es decir, que si el bloqueo va contra los planes de Puigdemont, no habrá bloqueo.

Los resultados

La pregunta de esta consulta era la siguiente: «¿El Consejo de la república debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?».

Han participado en esta consulta 4.021 personas afiliadas a la entidad secesionista, de un censo de 90.484. Es decir, sólo ha votado el 4,45% de los afiliados. Los resultados finales han sido los siguientes: un 74,9% ha votado que sí, un 24,9% ‘no’, y un 0,2% ha votado en blanco.

La asociación liderada por Carles Puigdemont ha asegurado que comunicará el resultado de esta consulta a las direcciones «de manera inmediata» a los partidos separatistas en el Congreso: ERC y Junts.