PSOE y Podemos también incluyen en contratos la cláusula de publicidad que denuncian en Madrid
PSOE y Podemos también han incluido en distintos pliegos de contratos las cláusulas de publicidad que ahora critican a la Comunidad de Madrid. OKDIARIO ha tenido acceso a seis contratos de distintas administraciones -gobernadas por el PSOE, con Podemos en el Gobierno de coalición en Navarra o bajo el gobierno del PNV- en las que también se incluía un 1%, otro porcentaje o una cuantía fija del contrato para dar promoción y publicidad a las obras.
En Navarra, en un contrato de 2018, estando ya Podemos en el gobierno de coalición, se incluye en los pliegos que los adjudicatarios asumen “todos los gastos que ocasione la adjudicación y contratación de la obra pública, tales como anuncios en prensa, boletines oficiales, etc”. En aquel pliego se fijaba que “dichos gastos ascenderán a un máximo de 9.000 euros, IVA no incluido”.
Pero hasta el Ministerio de Fomento ha hecho lo mismo por lo que los partidos de la oposición interrogaron este jueves en la Asamblea de Madrid al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. Exactamente en dos contratos de hace escasos meses. En uno de ellos, de demarcación de carreteras del Estado en Aragón, se explicaba que “serán a cuenta del contratista los gastos derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicación del anuncio tipo en el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma correspondiente y en otro periódico de gran difusión de la provincia”.
En el otro pliego de Fomento se detallaba que “el adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe máximo de 3.000 euros”.
En Vizcaya, en otro pliego del año pasado, en este caso bajo el Gobierno de PNV, también se incorporaba una cláusula en la que el porcentaje destinado a gastos de publicidad es del 0,5%. Rezaba así: “Interbiak deducirá, mensualmente, del importe de la Certificación, el 0,5% en concepto de gastos de publicidad y comunicación del proyecto, tales como: anuncios de la licitación, edición de folletos, oficina de información, etc”.
Una cláusula habitual
Pero ha sido siempre una cláusula habitual, no sólo en los últimos años. Otro ejemplo se observa en un pliego del Gobierno balear en 2008, cuando el presidente era el socialista Francesc Antich. En un contrato sobre un proyecto de cocheras se detallaba que “los gastos de comunicación e información del Proyecto, confección de vídeos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa” correrían a cargo del contratista, ascendiendo “como máximo hasta un uno (1%) del presupuesto de adjudicación”. Concretamente en este caso también se destinaba el 1% del presupuesto a publicidad.
En la Diputación de Cuenca, en un contrato de 2005, cuando gobernaba Luis Muelas (PSOE), se detallaba que “el concesionario vendrá obligado a satisfacer los gastos de publicidad de las obras en ejecución, confección y edición de vídeos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa, y realización de actos de protocolo de inicio y fin de obras”.
Legalidad
Fuentes de la Comunidad de Madrid indican que el hecho que administraciones de distinto color político hayan incluido la publicidad en los pliegos indica que es algo completamente legal. La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha mencionado en el pleno aludiendo a los ERE de Andalucía: «Un ERE no es ilegal (…) destinar el dinero para parados a fiestas sí». Es decir, desde la Comunidad de Madrid avisan de que el problema es el uso fraudulento de los fondos, algo que le corresponde investigar a la Justicia.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, daba un dato más este jueves en la Asamblea de Madrid: “Los gastos de publicidad de las vallas del Plan E de Zapatero en algunas ocasiones superaban los de la propia obra”.
Pese a que como muestran estos contratos PSOE y Podemos han incluido cláusulas similares en los contratos públicos, la oposición ha criticado duramente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incorporara estas cláusulas de publicidad en cerca de 200 contratos entre 2009 y 2013.
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