España

PSOE y Podemos pactan exigir investigaciones por los muertos en residencias sólo donde no mandan

El PSOE y Podemos sólo exigirán investigaciones parlamentarias por las muertes por coronavirus producidas en las residencias de mayores en aquellas comunidades autónomas en las que no gobiernan, como si las víctimas fueran distintas dependiendo del color político del Gobierno regional.

La decisión se ha pactado región a región, de modo que es Podemos, o sus marcas blancas, como la antaño franquicia de Adelante Andalucía, los que lo piden en las comunidades de derechas -para disimular la falta de coherencia del PSOE-, y es el PSOE el que tumba las comisiones parlamentarias cuando son solicitadas en las regiones con mayoría absoluta del partido de Pedro Sánchez. Y, por supuesto, cuando las tumba el PSOE, Podemos ni se plantea romper sus acuerdos globales con los socialistas, básicamente, porque el reparto de papeles está pactado.

La decisión se ha plasmado en distintas comunidades autónomas. La última de ellas, Extremadura. Mientras en la Comunidad de Madrid, donde los socialistas están en la oposición, han exigido la creación de la comisión de investigación (que de hecho, presidirán) en Extremadura, autonomía donde gobiernan con mayoría absoluta, han frenado la investigación parlamentaria de la Asamblea legislativa sobre las residencias de ancianos y las víctimas por coronavirus.

El reparto de papeles está pactado entre PSOE y Podemos

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado, con el único voto en contra del PSOE, que puede bloquearlo por disfrutar de esa mayoría absoluta, la creación de la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en las residencias de ancianos de la comunidad autónoma. Allí la comisión fue solicitada por el Grupo Popular y contó con el respaldo del resto de fuerzas políticas: Ciudadanos y Unidas por Extremadura.

En Castilla Y León, por ejemplo, -gobernada por los ‘populares’- es Podemos el que hace de ariete contra los pactos de Gobierno del centro derecha. La solicitan los morados y son los socialistas los que dejan pasar la propuesta para favorecerla sin mojarse ni decantarse demasiado. Pese a ello, las ansias de actuar del PSOE han quedado claras ante la Diputación de Valladolid. Y es que el Grupo Provincial Socialista sí respalda la creración, con carácter urgente, de una comisión de investigación sobre la gestión llevada a cabo en los centros asistenciales de la Diputación. Traducido: que quieren que se investigue si hubo descontrol o mala asistencia a los mayores en los centros financiados por esta administración.

En Castilla La Mancha, de nuevo, vuelve a llamar la atención la falta de coherencia de los socialistas. El PSOE gobierna con mayoría absoluta esta región y ha parado la comisión de investigación gracias a ello. Y lo ha hecho de forma simultánea al respaldo concedido a Pablo Iglesias -mando único de las residencias en la crisis del coronavirus- que insiste en su versión de que la responsabilidad era de las comunidades autónomas -pese a estar en estado de alarma y con todo el poder centralizado en el Gobierno sociocomunista-.

En Andalucía se repite la escena, aunque con mayor protagonismo del PSOE. La formación nacida bajo el paraguas de Podemos en esta comunidad autónoma, Adelante Andalucía, exige la comisión de investigación por las muertes en las residencias de mayores. Y es que es el PP el que Gobierno en alianza con C’s y con apoyo de Vox.

Eso sí, en la comunidad andaluza el PSOE no está pudiendo resistir demasiado bien sus ganas de culpar de las muertes al PP y ha deslizado ya que no descarta su apoyo a la comisión: la misma comisión que ha tumbado ya en Extremadura y Castilla La Mancha gracias a su mayoría absoluta.

Este juego del PSOE y de Podemos de intentar culpabilizar a unas comunidades sí y a otras no, dependiendo de su color político, surge en medio de una polémica nacional más profunda que afecta de pleno al estado de alarma decretado por Sánchez y amparado por Iglesias. Hay que recordar que fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que pidió desde el 5 de marzo que los mayores contagiados se quedaran en las residencias. Lo hicieron pese a que en aquellas fechas no había colapso sanitario. Y dos semanas después y coincidiendo con dos datos relevantes, el mismo Ejecutivo pasó a regular por orden ministerial la orden de que se les mantuviera en esos mismos centros: ya no era una petición; era una imposición legal.

Los dos datos relevantes fueron los siguientes: en primer lugar, que en ese momento, ya sí había colapso hospitalario; en segundo lugar, que justo ese 19 de marzo en el que se emitía la orden ministerial se anunciaba el mando único social de Pablo Iglesias: las residencias pasaban a ser uno de sus cometidos. El resultado es conocido. Muchos de esos mayores murieron en las residencias.

La orden ministerial en cuestión procedía del Ministerio de Sanidad y señaló aquel 19 de marzo que «el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y a reforzar el sistema de salud pública».

La norma recogía las «medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes Covid-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios».

De ese modo, «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes». El texto no dice nada de hospitalizarlo de urgencia. Habla de que debe ser aislado en la residencia.
Es más, la norma lo detalla y dice que «en el caso de que haya más un residente con infección respiratoria aguda leve, y no sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte».

Pese a todo ello, el PSOE y Podemos no han dejado de culpar a las autonomías de las víctimas mortales de las residencias de mayores. Y ello, pese a que el 5 de marzo y por medio de un documento técnico ya publicado por OKDIARIO, el Gobierno exigió a las residencias que dejaran en sus cuartos a todos los mayores con «sintomatología respiratoria aguda». Y el 19 de marzo pasó a exigirlo regulatoriamente. El mismo día en el que Pablo Iglesias anunció su mando único social. Un área que englobaba el control de las residencias.