La Fiscalía presenta una denuncia por los daños patrimoniales causados por los acampados en la Puerta del Sol

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia por los daños patrimoniales causados en la Puerta del Sol por la acampada que ocupó la plaza desde el pasado 26 de septiembre y hasta el 3 de noviembre. Tal como ha podido saber OKDIARIO, por ahora no hay denuncia sobre la otra parte que reclamaba el Gobierno regional: las amenazas, insultos y expresiones ofensivas contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El equipo del Ministerio Público que encabezan María Isabel Martín López y José Luis García-Juanes Guerrero ha recibido una denuncia de 17 páginas del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a través de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Se ampara en los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tras ello, se ha dividido el caso en varias partes y lo referente al maltrato a los monumentos ya se ha tramitado como denuncia en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, cuyo decanato tendrá que proceder al correspondiente reparto al juzgado que por turno corresponda.

Según el texto del Ejecutivo madrileño, los daños afectan a bienes de uso público y a elementos de valor histórico, cultural y monumental. Entre ellos figuran la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC).

El Gobierno regional también ha incluido en su denuncia la estatua ecuestre de Carlos III, otro de los emblemas de la plaza.

Daños en Sol

El escrito describe que los desperfectos se han producido mediante «la colocación de numerosas pegatinas, pintadas vandálicas en sus frontales y sometimiento de las estructuras a pesos no admitidos». Las fotografías adjuntas muestran un abigarrado mosaico de adhesivos y mensajes sobre piedra y bronce.

La escultura del Oso y el Madroño, obra de Antonio Navarro Santafé de 1967, es uno de los monumentos afectados. También lo es la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ese escultor alicantino tiene en su honor el Museo Escultor Navarro Santafé. Desde ese centro muestran a OKDIARIO su malestar con los ataques al célebre monumento del Oso y el Madroño. Aseguran que no tienen medios para dar la batalla legal, pero aplauden que el Gobierno regional de Ayuso haya tomado la iniciativa. Aprovechan para recordar que el escultor quiso representar un oso macho y no una osa hembra, como circula últimamente.

La Abogacía madrileña señala que el contenido de esas pegatinas y pintadas “participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

En esa línea, fuentes jurídicas indican que, en la medida en que los monumentos se han tenido que ver sometidos a un proceso de limpieza, sí estamos ante un delito de daños.

A ello se suman, según el documento, los “inmensos daños materiales causados en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la Puerta del Sol”. La denuncia menciona además los costes de reparación y limpieza que acarreará.

El texto precisa que “corresponde a los servicios patrimoniales, a quien pertenece cada bien público, el determinar el daño efectivo causado”. Esos servicios también deberán fijar los medios necesarios para devolver cada elemento a su estado inicial.

Delitos de odio

El origen de la acampada se sitúa en la tarde del sábado 26 de septiembre de 2026. Ese día, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó una manifestación bajo el lema “Ni una Maricarmen más”.

A partir de las 20 horas, varios asistentes, “provistos previamente del material necesario para acampar”, colocaron tiendas sin autorización, según la denuncia. Tras un llamamiento en redes sociales, el campamento creció hasta concentrar “a cientos de personas”, si bien muchas de ellas se iban a casa a dormir.

Desde entonces, sostiene el escrito, algunos de los presentes han promovido cánticos e insultos contra Ayuso “en su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid”. La Abogacía afirma que lo han hecho “con marcada hostilidad”.

La denuncia alude a pancartas y pintadas en las que “se desea su muerte”, se la insulta con calificativos como “puta” o “se incita a quemar su vivienda”.

El texto destaca un episodio concreto: la noche del 30 de septiembre, en torno a las 23 horas, se ha proyectado la cara de la presidenta sobre la fachada principal de la Real Casa de Correos, con una línea roja que tachaba su rostro y el mensaje “Ayuso, Almeida, iros a la mierda”.

Para la Abogacía General, los hechos podrían constituir delitos de amenazas y de injurias graves con publicidad. Ambos irían acompañados de agravantes de género e ideología política.

El escrito añade que incluso podrían llegar a constituir delitos de odio, así como diversos delitos de daños. Todo ello, “sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica más precisa”.

En el caso de las injurias, la Comunidad recuerda que la Fiscalía debe actuar de oficio en virtud de sus normas, al tratarse de una ofensa contra una autoridad por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo.

La Comunidad de Madrid solicita “la solicitud inmediata de acceso y salvaguarda de las grabaciones” de los sistemas de videovigilancia de la plaza. La petición abarca a los organismos públicos y a los locales y establecimientos aledaños, desde el 26 de septiembre.

También pide que se incorporen los partes de intervención policial levantados por estos hechos, por si en ellos se hubiera identificado ya a algún autor o partícipe. El caso del kilómetro cero inicia su andadura en los juzgados.

La ofensiva judicial del Gobierno regional no se ha limitado a la Fiscalía: la Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará una denuncia penal contra el anterior delegado del Gobierno, Francisco Martín, por un presunto delito de prevaricación administrativa, “al no actuar ni desalojar la acampada ilegal de la Puerta del Sol”, y por “omisión del deber de perseguir aquellos delitos que se están cometiendo de forma continuada”. Además, se han denunciado agresiones sexuales y físicas y tenencia ilícita de armas.