Nueve personas fueron las encargadas de componer la Comisión de expertos en relación con los casos de abuso y explotación sexual en el ámbito de las personas menores de edad, que así se fue denominada. Un ente financiado con dinero público creado tras la revelación por parte de la prensa balear de los múltiples casos de explotación sexual a la que se estaban viendo sometidos menores tutelados por el Instituto de Asuntos Sociales de Mallorca (IMAS), dependiente del Consell mallorquín presidido por la socialista Catalina Cladera.

Como resultado del trabajo de estos expertos se ha publicado un informe de 122 páginas que revela que la Comisión «no ha llevado a cabo un análisis detallado de los expedientes completos de cada uno de los 16 menores» dado que excede de «sus objetivos».

Por lo tanto, el conjunto de especialistas en la materia que fueron requeridos para analizar la situación opina que el estudio exhaustivo de cada uno de los casos no forma parte de su meta.

El escrito cuenta, por ejemplo, con 36 páginas dedicadas a realizar una revisión bibliográfica en la que exponen el contexto, las consecuencias, los factores de riesgo y los elementos para una respuesta eficaz, entre otros.

De hecho, el apartado dedicado a los casos de explotación sexual en centros de acogimiento no se trata hasta la página 75. Concretamente, el «análisis de los casos» ocupa menos de ocho páginas del extenso estudio.

Asimismo, afirma que «existen múltiples situaciones que escapan al control de los profesionales encargados del cuidado del menor». Por ello advierten que «la atención residencial debe estar bajo constante monitoreo y revisión».

El escándalo

El escándalo saltó a la luz tras la violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca, la pasada Nochebuena, por la que fueron detenidos siete varones y una chica. Posteriormente, se conoció que 16 menores que viven en centros tutelados de Baleares habían sido también víctimas de explotación sexual.

El IMAS, dependiente de la administración balear y bajo responsabilidad del PSOE, informó de que tenía a 359 menores tutelados en alguno de los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a niños y jóvenes con medidas de protección.

Silencio del Gobierno

Los socios del Gobierno socialcomunista impidieron que el Congreso de los Diputados investigase los casos de abusos entre menores tuteladas, al rechazar la proposición de Ciudadanos que incorporaba una comisión de investigación sobre el asunto. El PSOE acusó a la oposición de «intentar sembrar dudas» sobre el «compromiso» del PSOE con la infancia y consideraron que la comisión de investigación «obliga a votar en contra» porque «el asunto ya está judicializado».

Podemos, por su parte, cargó también contra PP y Cs por «convertir los hechos en una lucha partidista». La ministra Irene Montero arremetió contra el PP por «utilizar el tema como arma arrojadiza». El vicepresidente Pablo Iglesias llegó a calificar de «indignos» y «repugnantes» a ‘populares’ y Vox por plantear una comisión de investigación sobre el caso.