Asimismo, afirma que «existen múltiples situaciones que escapan al control de los profesionales encargados del cuidado del menor». Por ello advierten que «la atención residencial debe estar bajo constante monitoreo y revisión».
El escándalo
El escándalo saltó a la luz tras la violación grupal a una menor tutelada por el Consell de Mallorca, la pasada Nochebuena, por la que fueron detenidos siete varones y una chica. Posteriormente, se conoció que 16 menores que viven en centros tutelados de Baleares habían sido también víctimas de explotación sexual.
El IMAS, dependiente de la administración balear y bajo responsabilidad del PSOE, informó de que tenía a 359 menores tutelados en alguno de los 30 centros propios o concertados que dan atención residencial a niños y jóvenes con medidas de protección.
Silencio del Gobierno
Los socios del Gobierno socialcomunista impidieron que el Congreso de los Diputados investigase los casos de abusos entre menores tuteladas, al rechazar la proposición de Ciudadanos que incorporaba una comisión de investigación sobre el asunto. El PSOE acusó a la oposición de «intentar sembrar dudas» sobre el «compromiso» del PSOE con la infancia y consideraron que la comisión de investigación «obliga a votar en contra» porque «el asunto ya está judicializado».
Podemos, por su parte, cargó también contra PP y Cs por «convertir los hechos en una lucha partidista». La ministra Irene Montero arremetió contra el PP por «utilizar el tema como arma arrojadiza». El vicepresidente Pablo Iglesias llegó a calificar de «indignos» y «repugnantes» a ‘populares’ y Vox por plantear una comisión de investigación sobre el caso.
