El PP registra su querella contra Sabanés y el gerente de EMT por malversación en la compra de Bicimad

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto este lunes una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra del servicio de Bicimad.

La querella, presentada este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla, ha sido interpuesta ante las «fundadas sospechas» de la formación sobre las «presuntas irregularidades», ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP en Cibeles, José Luis Martínez-Almeida.

Para los populares, presuntamente se ha cometido malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa que tenía el servicio, es «lesivo» para las arcas municipales. «Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo», ha lamentado Almeida, acompañado en la rueda por los ediles Inmaculada Sanz y Álvaro González.

El PP asegura que «la normativa exige que para poder aprobar la compra del servicio de Bicimad es necesario un informe previo y preceptivo de la Dirección General de Economía y Sector Público» y que éste «no figura en ninguno de los dos expedientes tramitados por la EMT y el propio Ayuntamiento»

«Actuación negligente y abusiva»

Todas estas premisas hacen pensar a los populares que los querellados habrían actuado «de manera negligente» y «abusiva» por no haber «cotejado y avalado la información económica» de la empresa propietaria de Bicimad (Bonopark).

Ayuntamiento estableció un «contrato de confidencialidad» con Bonopark con el objetivo de «no tener que revelar datos de la operación». «Ese contrato, como finalidad tenía verificar ese informe presuntamente realizado ad hoc para tratar de blanquear las irregularidades que se han cometido», ha apuntado Martínez-Almeida.

El PP, además de interponer esta querella seguirá ‘arrojando luz’ en la compra de Bicimad a través de la «vía política», ya que «la ampliación de capital se acuerda por la Junta de Gobierno presidida por Manuela Carmena».

«La responsabilidad penal es contra Inés Sabanés, pero la responsabilidad política última es a quien le corresponde presidir la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, a Manuela Carmena», ha explicado Almeida, quien ha pedido a la regidora «que explique los pormenores de esta operación», ya que «si se producían incumplimientos del contrato ¿cómo es posible que el equipo de Gobierno no iniciara un cambio de expediente, o que viera las razones últimas de que ese expediente no se abriera?»

Nueva comisión de investigación

También continuará el PP solicitando una comisión de investigación. En este cometido esperan que el PSOE los apoye y «deje de actuar de cómplice del equipo de Gobierno y ayude a establecer qué es lo que pasó en esta cesión de contrato». «Veremos si ellos están a favor de una comisión anticorrupción», ha lanzado Almeida, quien ha recordado que «los que no han querido responder ante los madrileños tendrán que hacerlo ante el juez».

Martínez-Almeida ha criticado que el «Gobierno de la transparencia» se haya negado a dar «explicaciones» sobre la compra de Bicimad. «Primero se han negado a explicarlo, luego no lo han querido llevar a una comisión de investigación, y las peticiones de información han sido reiteradamente desoídas», ha apuntado a continuación.

Por ello, el PP se ha visto «abocado» a la presentación de dicha querella. Según ha explicado Almeida, les ‘empujó’ a dar este paso las declaraciones que ofreció Sabanés el pasado jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que, a su juicio, «respaldó la tesis» que mantenía el Grupo municipal.

«Se escuda como si la ley de contratos no fuera aplicable, cuando sabe perfectamente que eso no es cierto; todo lo quieren circunscribir a un Consejo de Administración», ha criticado Almeida, quien ha puntualizado que los 10 millones a pagar por el servicio fueron abonados tras acuerdo de Gobierno de Carmena.

Así, Martínez-Almeida ha preguntado «por qué no se trató en el Consejo de Administración (la compra) y ahora sí se tiene que tratar ahí». «Responden ante un Consejo de Administración pero no responden ante todos los madrileños; tenemos motivos para pensar que ha habido irregularidades importantes», ha añadido.