El PP pide a Ximo Puig que comparezca para explicar si favoreció a un grupo del que es accionista

El PP ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, para que explique su papel en el pleno del Consell que aprobó una operación «que podría favorecer a algún grupo empresarial en el que tiene acciones e intereses», en referencia al Grupo Z y al periódico Mediterráneo, en el que, según los populares, «tenía más de 177.000 euros en acciones».

La portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha hecho el anuncio antes de asistir al pleno de constitución de la Diputación de Valencia, donde se ha referido a las informaciones que relacionan a la Generalitat en época del PSOE con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con la condonación del 70% de la deuda del Grupo Z.

Ortiz ha asegurado que el PPCV va a revisar con sus abogados las circunstancias de este asunto y las actas del pleno del Consell «en las que pudo participar Ximo Puig y en el que se alcanzaron estos acuerdos». El PP en la cámara autonómica también ha anunciado que pediría el expediente sobre la condonación de la deuda con el objetivo de «llegar al fondo del asunto».

Por su parte, desde el IVF, su presidente, Manuel Illueca, ha facilitado detalles de esta operación, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que no se trata de una quita sino de una «venta de un crédito deteriorado a un tercero». De hecho, ha admitido que ahora hay sobre la mesa varias situaciones más como la del Fondo Tirant, con «pérdidas históricas» y hay que vender la participación.

Illueca, que ha subrayado que el IVF no tenía conocimiento de que Puig tuviera acciones en el medio, ha afirmado que en la justificación del decreto que se aprobó en el pleno del Consell para clarificar las actuaciones de la entidad en los supuestos, entre otros, de reestructuración de duda, no estaba incluida esta operación. «El IVF no le hace quitas a nadie, vende un activo deteriorado», ha dicho, para recalcar que no se hizo «para nada» un decreto «ad hoc» y si se esperó a su aprobación para la venta fue porque era «lo razonable» al estar al final de la tramitación.

Además, ha admitido que habló con el ‘president’ de este caso porque se trata de una cuestión que «aparecía en prensa permanentemente», y porque suele explicarle los temas «más complicados, aunque ha asegurado que le trasladó que se trataba de una operación «normal». Así, ha recalcado que Puig «nunca ha dado luz verde ni roja a ninguna actuación del IVF» sino que ha mostrado el «máximo respeto a la decisión técnica que se adopta en esta casa».

El responsable del IVF, que ha defendido que en una entidad financiera las actividades de recuperación de deuda son fundamentales, ha argumentado además que es «especialmente relevante» en una institución que heredaron de la época del PP con un 70 por ciento de morosidad.

«Me sorprende ver críticas a la labor de reestructuración del instituto por parte de los responsables de haber dejado al IVF con un 70% de morosidad», ha señalado Illueca ante la actitud del PP, al tiempo que ha calificado de «curioso que den lecciones de cómo reestructurar deuda las personas que, por no seguir los criterios de la banca abocaron a una situación de prácticamente quiebra al banco del Consell».

Ejemplos «sangrantes»

Así, ha apuntado que esta es una operación «problemática» como, ha dicho, otros ejemplos «sangrantes» como el crédito concedido al exalcalde de Gandia Arturo Torró (PP) por 3,3 millones de euros que no ha devuelto, u otros 1,5 millones para una fundación relacionada con el que fuera ministro de Defensa con Mariano Rajoy, Pedro Morenés, a través de un contravaal.

En el caso por el que se pide la comparecencia de Puig, ha detallado que la operación arrancó con dos préstamos de unos seis millones a una imprenta del grupo ubicada en Biar, que contaban como aval con la fianza de Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), editora de Mediterráneo.

La operación fue liquidándose sin incidencias hasta 2009, cuando el riesgo vivo había disminuido a 3,9 millones, y el Grupo Z decidió reestructurar la deuda. Se decidió entonces hacer una operación sindicada, a la que el IVF no se opuso y entró junto con el resto de entidades. La fecha fue 2009, por importe de 99 millones de euros, que inicialmente se fue pagando hasta llegar el préstamo a 1,85 millones de euros, que es el importe en el que estaba fijado cuando se recibió la oferta de adquisición del crédito por Prensa Ibérica.

A partir de ahí, empezó a registrarse una serie de solicitudes de aplazamiento o incumplimiento de condiciones del sindicado, momento en el que otras entidades empiezan a aportar financiación al Grupo Z, aunque el IVF optó por no aumentar el riesgo. Justo antes de la venta, según Illueca, la participación en el sindicado bajó del 3,5 al 1,9%, porcentaje con el que tampoco podían «imponer» condiciones.

Al empezar a exigirse garantías adicionales, se optó por el reparto de tramos con garantías diferentes y riesgos distintos, un hecho con relevancia a la hora de definir el precio que Editorial Prensa Ibérica pagó por la operación. En 2015 se planteó la separación de la deuda en dos: Grupo Zeta y El Periódico de Catalunya, y el IVF accedió a los dos tramos «para facilitar la entrada de nueva financiación».

En 2017, cuando se evidencia una insuficiencia financiera con el reconocimiento por parte de las entidades de un tramo no sostenible de la deuda, se encargó un informe a Deloitte, que reveló que en el caso de que la sociedad caminase a la liquidación, las posibilidades de recuperación serían del 24% de lo que quedaba. En ese contexto, la opción por la que se optó es reconocer una pérdida del 100% del tramo no sostenible y provisionar el sostenible al 50%.

«Fue acertada porque cobramos exactamente lo que provisionamos en ese momento y se cobró el 30%, que se ajustaba a las expectativas» de Deloitte, ha detallado. En el momento de la oferta de Prensa Ibérica que planteó adquirir el crédito por el 30% de su riesgo vivo, entendieron que podía hacerse porque el IVF «se ajustaba a derecho privado» y no operaban como administración sino «en el ejercicio de la labor habitual de dar y recuperar préstamos», con cobertura para hacerlo.

Sin embargo, ha explicado que el problema de la entidad es que quiere actuar como entidad financiera pero se trata de un ente de derecho público, con lo que «siempre estamos con la duda de la normativa a aplicar». Por ello, decidieron en 2018 sacar adelante un decreto –según la opción que planteó la Abogacía de la Generalitat– para «clarificar» estas prácticas de reestructuración de deuda y tener un marco de actuación «con seguridad jurídica».

Fue entonces cuando llega la oferta y al estar tramitándose el decreto se decidió esperar a que viera la luz y estuviera aprobado por pleno del Consell y «luego aceptar formalmente la operación». En el camino, según Illueca, temía que una vez lista la normativa, la oferta no siguiera en pie y que hubiera un proceso de homologación judicial posterior que hiciera que la pérdida fuera mayor, por lo que planteó «la venta en esos términos condicionada a la aprobación del decreto».

Recuperan 4,8 millones

«Este es un préstamo de seis millones de euros y habremos recuperado 4,8», ha justificado, para recalcar que se ha tratado de una labor de recuperación importante «en un crédito complicado». «Estamos satisfechos de la operación, lo hemos hecho en los mismos términos que la banca comercial», ha defendido, y ha argumentado que se ha acogido «a la mejor praxis bancaria para estas situaciones y la hemos aplicado de la manera lo más profesional posible», ha resumido.